En la Argentina se roban un promedio de 6.000 celulares por día, es decir 4 celulares por minuto. Antes que usted termine de leer esta nota se produjeron 20 robos distintos, y lo que es peor aún de esos la mayor proporción es a la población joven.
A pesar que hace mucho tiempo este delito viene causando hechos de violencia graves, que en muchos casos terminaron con la muerte de la víctima, no hay un plan serio de los que pudiendo atacar el problema no lo hacen. Me refiero al Estado, en sus diferentes instancias y a las empresas. Por supuesto hay complicidad social, ya que todos los celulares robados encuentran un destinatario dispuesto a comprar un bien procedente del mercado ilegal. Si hay más de dos millones de víctimas por año, habrá dos millones de personas dispuestas a comprar el objeto robado. Incluso y aunque pueda sonar paradójico, son muchas veces los mismos.
En 2.004 con la gran presión que significaron las 'Marchas de Seguridad' por el asesinato de Axel Blumberg se sancionó la ley 25.891 que entre sus principales disposiciones establece:
ARTICULO 2º - Las empresas que comercialicen equipos o terminales móviles, deberán registrar y sistematizar los datos personales, filiatorios, domiciliarios, que permitan una clara identificación de los adquirentes.. Estas previsiones se cumplirán aun en aquellos casos en que los equipos se habiliten sólo para su uso con créditos provenientes de tarjetas para telefonía celular.ARTICULO 3º - Los licenciatarios de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) deberán establecer e intercambiar entre sí, juntamente con la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), en forma diaria, el listado de terminales robadas, hurtadas o extraviadas informadas por sus clientes; negarse a otorgar servicio a quien lo solicitare mediante la utilización de terminales incluidas en el registro o base de datos creado a tal efecto; prever mecanismos tendientes a proporcionar, de manera inmediata, a toda hora y todos los días del año, sin cargo para el Estado, la información contenida en este registro ante requerimiento cursado por el Poder Judicial y/o el Ministerio Público, de conformidad a lo previsto en la Ley 25.873.
Los licenciatarios pondrán a disposición de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales un asterisco de llamada gratuita, a toda hora y todos los días del año, a fin de corroborar si un determinado equipo terminal se encuentra registrado en la base de datos a que alude el presente.ARTICULO 4º - Establécese la obligación de los clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) de denunciar en forma inmediata a las empresas licenciatarias que les presten servicio, las pérdidas, robos o hurtos de sus terminales móviles.
Prohíbese la activación o reactivación de equipos terminales de comunicaciones móviles que fueran reportados como extraviados o denunciados por robo o hurto ante las empresas licenciatarias, sin expresa autorización de los propietarios.
Pero ninguna de estas previsiones legislativas tomadas hace casi una década impide hoy que el delito exista y siga creciendo. Y ello sucede porque la víctima es el ciudadano de a píe.
El estado de la mano de una clase dirigente tan ineficaz no puede ni siquiera garantizarnos que la comisaría esté abierta para hacer la denuncia (la víctima del robo de hoy que me transmite el hecho, encontró la comisaria cerrada un sábado a las 9,00 am); y las empresas que no sufren perjuicio alguno y teniendo TODOS los elementos a mano para combatir el delito se limitan a ofrecerle un nuevo aparato de 'recambio' abonado en cómodas cuotas mensuales. Osea 'clink caja'. Luego de una tediosa espera en la línea para denunciar el hecho y ofrecer el nuevo chip a cambio de módicos $ 21.00
En un mundo donde la tecnología permite realizar una operación quirúrgica remota a un paciente a miles de kilómetros, las empresas campeonas de la tecnología virtual más desarrolladas económicamente del mundo con una facturación en la argentina de 50 mil millones de pesos no pueden impedir el uso de aparatos robados? Nadie en su sano juicio lo podría creer. Claramente si el estado cumpliera su parte en materia de seguridad o incluso aún tuviera la vocación que los casi dos mil millones por año por robo de aparatos los pierdan ellos y no los usuarios, las empresas encontrarían el modo de evitarlo. No tengo duda alguna.
Hoy sabemos no solo donde y cuando llama el nuevo aparato robado sino su ubicación exacta, su nueva activación y todo lo concerniente a su eventual rastreo. Los usuarios ven vulnerados sus derechos en este y otros temas en el mercado telefonía celular por la baja calidad de nuestras instituciones, la incapacidad regulatoria del estado y el desinterés por cumplir la ley de las empresas.
Pero ninguna de estas previsiones legislativas tomadas hace casi una década impide hoy que el delito exista y siga creciendo. Y ello sucede porque la víctima es el ciudadano de a píe.
El estado de la mano de una clase dirigente tan ineficaz no puede ni siquiera garantizarnos que la comisaría esté abierta para hacer la denuncia (la víctima del robo de hoy que me transmite el hecho, encontró la comisaria cerrada un sábado a las 9,00 am); y las empresas que no sufren perjuicio alguno y teniendo TODOS los elementos a mano para combatir el delito se limitan a ofrecerle un nuevo aparato de 'recambio' abonado en cómodas cuotas mensuales. Osea 'clink caja'. Luego de una tediosa espera en la línea para denunciar el hecho y ofrecer el nuevo chip a cambio de módicos $ 21.00
En un mundo donde la tecnología permite realizar una operación quirúrgica remota a un paciente a miles de kilómetros, las empresas campeonas de la tecnología virtual más desarrolladas económicamente del mundo con una facturación en la argentina de 50 mil millones de pesos no pueden impedir el uso de aparatos robados? Nadie en su sano juicio lo podría creer. Claramente si el estado cumpliera su parte en materia de seguridad o incluso aún tuviera la vocación que los casi dos mil millones por año por robo de aparatos los pierdan ellos y no los usuarios, las empresas encontrarían el modo de evitarlo. No tengo duda alguna.
Hoy sabemos no solo donde y cuando llama el nuevo aparato robado sino su ubicación exacta, su nueva activación y todo lo concerniente a su eventual rastreo. Los usuarios ven vulnerados sus derechos en este y otros temas en el mercado telefonía celular por la baja calidad de nuestras instituciones, la incapacidad regulatoria del estado y el desinterés por cumplir la ley de las empresas.
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