Sobre los recientes aumentos en TODAS las autopistas de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires, con casos en donde la tarifa ya alcanza los dos dígitos, conviene recordar las manifestaciones
recientes sobre aumentos anteriores por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial
(CONADUV).
recientes sobre aumentos anteriores por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial
(CONADUV).
“Aumento abusivo, injusto, ilegal, discriminatorio y carente de fundamento técnico-económico. Discriminación tarifaria entre los cuatro accesos, y categorías de vehículos. No hubo audiencia
pública” Además sobre los aplicados en las rutas nacionales puntualizaron: “Sistema inconstitucional por no existir caminos alternativos libres de pago, y antieconómico por la baja densidad de tránsito”
pública” Además sobre los aplicados en las rutas nacionales puntualizaron: “Sistema inconstitucional por no existir caminos alternativos libres de pago, y antieconómico por la baja densidad de tránsito”
En definitiva quienes utilizan las autopistas urbanas saben de las demoras habituales en los peajes, y en buena parte de la trama en las horas pico, la mala atención al usuario que reclama y
sobre todo la falta de nuevas inversiones todos elementos que se contraponen con peajes cada vez más caros.
sobre todo la falta de nuevas inversiones todos elementos que se contraponen con peajes cada vez más caros.
Recordemos, por caso, definiciones conceptuales respecto del peaje, sobre todo en Rutas Nacionales señaladas ya en oportunidades anteriores más allá del tema puntual del aumento
reciente: Durante 2009 murieron 7.885 personas por accidentes de tránsito en la Argentina, a razón de 22 por día ó 657 mensuales.
reciente: Durante 2009 murieron 7.885 personas por accidentes de tránsito en la Argentina, a razón de 22 por día ó 657 mensuales.
La escandalosa cifra de muertes por accidentes de tránsito en nuestro país es una de las aristas, uno de los tantos abordajes posibles del polémico sistema de peajes vigente
desde 1990.
Algunos sostienen que es absurdo, o por lo menos exagerado, plantear una relación entre muertes por accidentes de tránsito y sistema de peajes. Para otros, ese vínculo es estrecho. Más aún, forma parte de la definición misma del régimen de peajes con cabinas de cobro que nos legó Carlos Menem y que ningún gobierno posterior modificó.
“Ilegal, inconstitucional, inaplicable, discriminatorio y perverso”. Así define Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), al sistema de peajes que rige en todas las rutas nacionales y en varias provinciales.
Profundo conocedor del tema, explica con rigurosidad cada punto de su definición. Es ilegal porque las tarifas violan las leyes de peaje vigentes; inconstitucional porque no existen caminos alternativos libres de pago (salvo en algunos accesos); inaplicable porque la baja densidad de tránsito en algunas rutas hace que la recaudación sólo alcance para financiar el costo de las garitas; discriminatorio por la desigualdad entre categorías; y perverso porque el mal estado de los caminos causa muchas muertes. (En numerosas crónicas periodísticas sobre accidentes
se menciona la mala señalización y la insuficiente iluminación de muchas rutas, entre otras falencias).
Pero hay aspectos menos dramáticos aunque importantes que tienen que ver con el tema y con la definición de Lasca. El fondo de la cuestión está vinculado a la relación costo-beneficio que debe
existir entre lo que el usuario paga y el servicio que recibe de parte del concesionario, y que debería traducirse en buenas rutas que ahorren combustible, rodados y tiempo.
Según la ley 17.520 (para rutas nacionales) y el decreto 9254 (para rutas de la provincia de Buenos Aires), las tarifas no deben superar el valor económico del servicio ofrecido. Es decir, que el cobro del peaje es una contraprestación por un ahorro real que realiza el usuario y la tarifa en ningún caso debe superar el valor de ese ahorro.
Pero la realidad contradice este principio, ya que, como no se mejoran las rutas, los usuarios en lugar de ahorrar gastan más, por el deterioro de los neumáticos y el mayor consumo de combustible.
De esta forma, el peaje actúa como un nuevo impuesto al tránsito. Además, hay que destacar que se recaudan más de 14 mil millones de pesos anuales en concepto de impuestos a los
combustibles. Y algunos especialistas proponen destinar una parte de esos recursos al mejoramiento de las rutas y eliminar las cabinas de cobro.
Existen alternativas al sistema de peaje vigente, casi inédito en el mundo: peaje indirecto, sin cabinas, que se financia mediante los impuestos; el sistema CREMA (construir, reparar y mantener); el COT (construir, operar y transferir).
Hay muchas miradas posibles. Cada uno puede hacer su propuesta. Lo que no podemos, en este tema como en tantos otros, es seguir mirando para otro lado.
desde 1990.
Algunos sostienen que es absurdo, o por lo menos exagerado, plantear una relación entre muertes por accidentes de tránsito y sistema de peajes. Para otros, ese vínculo es estrecho. Más aún, forma parte de la definición misma del régimen de peajes con cabinas de cobro que nos legó Carlos Menem y que ningún gobierno posterior modificó.
“Ilegal, inconstitucional, inaplicable, discriminatorio y perverso”. Así define Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), al sistema de peajes que rige en todas las rutas nacionales y en varias provinciales.
Profundo conocedor del tema, explica con rigurosidad cada punto de su definición. Es ilegal porque las tarifas violan las leyes de peaje vigentes; inconstitucional porque no existen caminos alternativos libres de pago (salvo en algunos accesos); inaplicable porque la baja densidad de tránsito en algunas rutas hace que la recaudación sólo alcance para financiar el costo de las garitas; discriminatorio por la desigualdad entre categorías; y perverso porque el mal estado de los caminos causa muchas muertes. (En numerosas crónicas periodísticas sobre accidentes
se menciona la mala señalización y la insuficiente iluminación de muchas rutas, entre otras falencias).
Pero hay aspectos menos dramáticos aunque importantes que tienen que ver con el tema y con la definición de Lasca. El fondo de la cuestión está vinculado a la relación costo-beneficio que debe
existir entre lo que el usuario paga y el servicio que recibe de parte del concesionario, y que debería traducirse en buenas rutas que ahorren combustible, rodados y tiempo.
Según la ley 17.520 (para rutas nacionales) y el decreto 9254 (para rutas de la provincia de Buenos Aires), las tarifas no deben superar el valor económico del servicio ofrecido. Es decir, que el cobro del peaje es una contraprestación por un ahorro real que realiza el usuario y la tarifa en ningún caso debe superar el valor de ese ahorro.
Pero la realidad contradice este principio, ya que, como no se mejoran las rutas, los usuarios en lugar de ahorrar gastan más, por el deterioro de los neumáticos y el mayor consumo de combustible.
De esta forma, el peaje actúa como un nuevo impuesto al tránsito. Además, hay que destacar que se recaudan más de 14 mil millones de pesos anuales en concepto de impuestos a los
combustibles. Y algunos especialistas proponen destinar una parte de esos recursos al mejoramiento de las rutas y eliminar las cabinas de cobro.
Existen alternativas al sistema de peaje vigente, casi inédito en el mundo: peaje indirecto, sin cabinas, que se financia mediante los impuestos; el sistema CREMA (construir, reparar y mantener); el COT (construir, operar y transferir).
Hay muchas miradas posibles. Cada uno puede hacer su propuesta. Lo que no podemos, en este tema como en tantos otros, es seguir mirando para otro lado.
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