Dieciocho socios productores aseguran que recibieron retornos mínimos o nulos y reclaman una auditoría contable para determinar qué pasó con los fondos aportados a películas y series de Orsai.
Dieciocho socios productores denunciaron penalmente al escritor Hernán Casciari, socio gerente de Orsai Audiovisuales, por presunta estafa en inversiones destinadas a películas, series y otros proyectos audiovisuales. Los denunciantes sostienen que se les prometieron rendimientos económicos que no se cumplieron y cuestionan la falta de información sobre el destino del dinero aportado.
La causa es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Los inversores, representados por el abogado Ariel Gil Ces, reclaman que se determine si los perjuicios individuales responden a una operatoria común y solicitan una auditoría contable integral sobre la empresa.
Según la presentación, los 18 denunciantes aportaron entre US$ 50 y US$ 3.000 cada uno a distintas producciones de Orsai. En la mayoría de los casos, los retornos no superaron el 3% del capital invertido, mientras que varios participantes aseguran que no recuperaron el dinero. Los socios afirman que Casciari había promocionado inversiones con promesas de duplicar o triplicar los aportes.
El modelo de Orsai proponía financiar películas y series mediante la participación colectiva, sin intermediarios tradicionales. Quienes compraban bonos pasaban a ser denominados socios productores y, de acuerdo con la denuncia, podían acceder a información financiera, rendiciones de gastos, determinadas decisiones sobre las obras y una parte proporcional de los ingresos obtenidos por su explotación comercial.
Los denunciantes sostienen que la información recibida no les permitió verificar las cuentas de los proyectos. Según el escrito, obtuvieron planillas con cifras generales, pero sin facturas, contratos, recibos ni otros comprobantes que respaldaran los ingresos y egresos. También cuestionan la falta de presupuestos detallados y de rendiciones diferenciadas cuando una producción modificó su formato.
Uno de los casos mencionados es el de Canelones, anunciado inicialmente como una miniserie de seis capítulos, luego como una serie de cuatro episodios y, más tarde, como una película. Los inversores afirman que en 2024 asistieron a una proyección de una versión que todavía tenía aspectos técnicos pendientes. En julio de 2026, Orsai comunicó el estreno cinematográfico para el 6 de agosto y un lanzamiento posterior en una plataforma de streaming, decisiones que, según los denunciantes, no fueron sometidas a consulta previa.
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La presentación también pide investigar posibles transferencias de fondos entre distintas producciones. Los socios mencionan declaraciones públicas atribuidas a Casciari sobre el uso de recursos de un proyecto posterior para cubrir necesidades extraordinarias de otro. Sostienen que esa práctica, de haberse realizado, debía ser explicada y autorizada, ya que los grupos de inversores no eran necesariamente los mismos en cada producción.
Entre los proyectos cuestionados figura "La Uruguaya", que, según el escrito, recaudó cerca de US$ 600.000. Los denunciantes aseguran que recuperaron el capital tras la venta de derechos para América Latina, pero que no recibieron ganancias posteriores pese a los anuncios sobre posibles comercializaciones en otros territorios. También cuestionan los resultados de "La muerte de un comediante", dirigida y protagonizada por Diego Peretti, por la que algunos inversores habrían recibido entre US$ 1 y US$ 84,60 por aportes de entre US$ 50 y US$ 3.000.
El reclamo incluye además a "Emi On Off", un proyecto de animación sobre Emiliano Martínez que, según los denunciantes, fue cedido a PEGSA y luego vinculado a Netflix con un cambio de formato que no se consultó con quienes habían financiado la propuesta original. Sobre D.A.M., el documental dedicado a Diego Maradona, los socios sostienen que continuó la venta de bonos mientras se tramitaban derechos de imagen. También señalan una supuesta contradicción entre declaraciones atribuidas a Casciari sobre la continuidad de Orsai Audiovisuales y la disponibilidad de la comercialización del proyecto en el sitio de la firma. La denuncia menciona, además, inversiones vinculadas con Cinco Guiones y Sola en el Paraíso.
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Los denunciantes solicitaron que la Justicia requiera información a la Inspección General de Justicia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Banco Central y el Registro Nacional de las Personas, además de identificar las cuentas bancarias de la sociedad y de Casciari. Como pruebas, ofrecieron comprobantes de transferencias, correos electrónicos, términos y condiciones, cartas documento, capturas de billeteras virtuales y registros de intervenciones públicas.
La presentación también reclama una rendición integral de las cuentas de cada producción. Según el escrito, varios socios enviaron cartas documento a domicilios vinculados con la empresa y sus responsables para exigir documentación, pero aseguran que fueron rechazadas, devueltas o quedaron sin respuesta. Por último, pidieron que Casciari y cualquier otra persona que pudiera surgir de la investigación sean convocados a declaración indagatoria cuando corresponda. Las acusaciones forman parte de una denuncia penal y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación judicial.
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