Alquileres: la Defensoría del Pueblo de CABA recibió demandas por amenazas de no renovación del contrato y aumentos desmedidos. Inquilinos en alerta.

Cuando la extensión del decreto que prohíbe los desalojos y congela los alquilereses todavía una incógnita, alertan que las consultas de inquilinospor situaciones límites como amenaza de desalojo, negativa a renovar contrato o aumentos abusivos se incrementaron un 70% en los últimos 45 días.

Según el programa de Atención de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), "entre diciembre y enero del corriente año aumentó verticalmente la complejidad de los casos ingresados".

Desde el inició de la pandemia el área reportó el aumento exponencial de casos mes a mes. "Sin embargo, en estos últimos 45 días se registró un cambio brusco en el perfil de la demanda o las consultas, con casos donde mayoritariamente se ve afectada o en riesgo la vivienda por alquiler", destacó un informe del organismo.

"En los dos últimos meses nos cambió drásticamente el perfil de las consultas y lo que aparece ahora son situaciones de abuso extorsivo que implican prórrogas arbitrarias de 6 meses y aumentos del 40% del alquiler bajo amenaza de desalojo", explicó a este medio Fernando Muñoz, coordinador del programa.

Según el funcionario, para el último período, el 70% del total de casos ingresados manifiesta renovaciones de contratos con aumentos por encima del 60%, deuda acumulada de alquiler de más de dos meses, con pérdida de empleo o menores ingresos o negativa de la inmobiliaria a firmar contrato legal de 3 años.

También aparecen la obligación de firmar prórrogas con aumento, amenaza de desalojo una vez vencido el DNU sobre alquileres, o corte intempestivo del servicio de agua y/o gas, para forzar la salida de inquilinos.

"Adentro de las viviendas alquiladas se viven situaciones extremas. En plena crisis, la demora en extender el decreto que protege viviendas favorece las peores prácticas del mercado, con inquilinos que sin más remedio abandonan sin destino sus hogares o se ven forzados a aceptar prorrogas ilegales o renovaciones con aumentos grotescos", destacó Muñoz.

El próximo 31 de enero vence el DNU que limita los desalojos y congela los precios de la vivienda por alquiler y si bien está confirmado que se analiza su prórroga, todavía no se sabe si esta será finalmente efectivizada ni por cuánto tiempo más.

"Una vez más se vive en tensión y se sufren abusos, porque ni siquiera hubo una comunicación oficial de extensión de la medida de protección. La última prórroga de este DNU se oficializó 48 horas antes del vencimiento", recordó Muñoz.

Nueve millones de inquilinos

"Todos los países y ciudades del mundo a los que solemos referirnos agudizaron la protección del alquiler, mientras que en el nuestro, con 9 millones de personas dependiendo de esa vía para acceder a algo tan básico como la vivienda, prevalece esta irresolución ciertamente regresiva en términos de derechos humanos", señaló el funcionario.

"Urge que el Gobierno Nacional oficialice la extensión de esta norma hasta que dure la emergencia y planifique un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas", concluyó Muñoz que recordó que hay en el país 2,5 millones de hogares alquilando vivienda, unas 10 millones de personas.

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