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El Gobierno utilizará varios mecanismos para evitar las especulaciones. A través de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial establecerán multas por incumplimiento a las firmas que se hayan comprometido a sostener el valor y abastecimiento de los productos acordados.
El gobierno nacional dispone de diversas herramientas contempladas en la legislación para sancionar a las empresas que especulen con los precios de los productos de consumo masivo, así como con las compañías que vulneren el acuerdo de Precios Cuidados.
Las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial son dos de las normativas que establecen multas por incumplimiento a las firmas que se hayan comprometido a sostener precio y abastecimiento por el período trimestral correspondiente al acuerdo de precios.
A su vez, independientemente de la participación en Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio se vería obligada al endurecimiento de la aplicación de estas normas, si las empresas no cumplen con regulaciones relacionadas con tipificaciones de los productos o sus envases, exhibición de precios e información al consumidor que estipula la ley de Lealtad Comercial.
Lo mismo ocurriría si se registrara la falta de mantenimiento de ofertas informadas, publicidad engañosa, o trato injusto e inequitativo al consumidor, tal cual lo establece la Ley de Defensa del Consumidor.
Por otra parte, la Ley de Abastecimiento habilita al Estado a aplicar sanciones si se "elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas".
La aplicación de estas leyes, junto con las inspecciones y fiscalizaciones rutinarias de AFIP (respecto de temas impositivos), de ANMAT (en lo que se refiere a la sanidad en alimentos y medicamentos) y de la propia Secretaría de Comercio (a fin de verificar la facturación histórica o el cumplimiento de leyes como las de Metrología Legal), configura un menú de herramientas para el control estatal del acuerdo de precios al consumidor.
Al mismo tiempo, la apertura de importaciones en sectores que aumenten los precios desproporcionadamente (alimentos, vestimenta, juguetes y electrodomésticos, entre otros) combinada con el cierre de importaciones a insumos y partes, y las trabas selectivas a las exportaciones (por ejemplo, en leche, carne, azúcar y granos), son otras medidas de gestión que podrían castigar a los especuladores, impidiéndoles realizar ventas al exterior a las empresas que no cumplen con metas de precios.
La aplicación de estas leyes, junto con las inspecciones y fiscalizaciones rutinarias de AFIP (respecto de temas impositivos), de ANMAT (en lo que se refiere a la sanidad en alimentos y medicamentos) y de la propia Secretaría de Comercio (a fin de verificar la facturación histórica o el cumplimiento de leyes como las de Metrología Legal), configura un menú de herramientas para el control estatal del acuerdo de precios al consumidor.
Al mismo tiempo, la apertura de importaciones en sectores que aumenten los precios desproporcionadamente (alimentos, vestimenta, juguetes y electrodomésticos, entre otros) combinada con el cierre de importaciones a insumos y partes, y las trabas selectivas a las exportaciones (por ejemplo, en leche, carne, azúcar y granos), son otras medidas de gestión que podrían castigar a los especuladores, impidiéndoles realizar ventas al exterior a las empresas que no cumplen con metas de precios.
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