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Una investigación de la Sindicatura General de la Nación detectó graves irregularidades en el registro de comedores del exministerio de Desarrollo Social. Se hallaron inscripciones duplicadas, datos falsos y ausencia total de rendición de cuentas.
Un sistema sin controles, miles de registros duplicados y ningún seguimiento sobre el uso del dinero público. Esas son algunas de las conclusiones que arrojó una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre los registros de comedores y merenderos que funcionaban bajo la órbita del exministerio de Desarrollo Social, hoy transformado en Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
El titular del organismo de control, Miguel Carlos Blanco, fue categórico: “Sobre 54.613 inscripciones, el 87% estaban duplicadas y solo el 3% fueron validadas físicamente. Es decir, más de 38.000 comedores nunca fueron visitados por un inspector”.
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La auditoría, centrada en esta primera etapa sobre el sistema digital RENACOM -donde se volcaban los datos de los comedores-, reveló un escenario caótico: formularios incompletos, campos vacíos, direcciones inexistentes y una plataforma digital diseñada sin ningún tipo de control de integridad. “La base misma ya estaba mal diseñada”, afirmó Blanco en declaraciones a Radio Rivadavia.
Los problemas no se limitan al plano administrativo. En una muestra aleatoria de inspecciones presenciales, los auditores detectaron establecimientos que directamente no existían o que no cumplían con los criterios declarados en los formularios.
Consultado sobre si esos lugares fantasma recibieron dinero del Estado, Blanco fue claro: “La parte física y financiera aún no fue auditada. Eso es materia de la segunda etapa. Pero es evidente que no se controlaba a quién se le giraba dinero ni qué hacían con él”.
El diagnóstico es lapidario: falta de control, ausencia de rendición de cuentas y una lógica centrada en el anuncio político antes que en la eficacia de la política pública. “La falta de control es el terreno fértil para la corrupción. Esto lo estamos viendo en todos los organismos que auditamos”, advirtió el titular de la SIGEN. Y añadió: “No hay evaluación de impacto de los programas. Todo giraba en torno al anuncio político, sin importar si los objetivos se cumplían o no”.
La auditoría llevó más de un año y estuvo marcada por obstáculos internos. Según explicó Blanco, desde diciembre de 2023 comenzaron a solicitar información sin éxito. Recién ahora lograron acceder a datos claves. “En ese período hubo tres titulares del área, lo que retrasó todo”, señaló.
Pero los cuestionamientos de la SIGEN no se agotan en los programas sociales. También alcanzan a la Universidad de Buenos Aires (UBA), que actualmente mantiene un litigio judicial con el organismo de control. La UBA se niega a ser auditada por la SIGEN bajo el argumento de la autonomía universitaria. “La autonomía no implica no rendir cuentas”, sostuvo Blanco, quien recordó que hasta 2022 las auditorías se realizaban sin inconvenientes.
Mientras tanto, otras universidades del país -como las de La Matanza y del Nordeste- sí están colaborando y ya fueron incluidas en el plan de revisión. Incluso la UBA, pese al conflicto judicial, comenzó recientemente a cargar información en el sistema oficial de rendición de fondos (CINTRARED), lo que podría ser el inicio de una normalización.
En ese marco, Blanco hizo un llamado general: “La Argentina necesita volver a una lógica básica de administración: saber quién recibe fondos públicos, para qué y con qué resultados. Eso no es persecución, es sentido común”.