El gobierno emplazó ayer a la polémica empresa de viajes Uber a suministrar en diez días la información que recolecta de los usuarios, las medidas de protección que aplica y el destino de los datos.
Lo hizo a través de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, máxima autoridad de aplicación de la ley 25326 que regula la protección de datos personales en el país.
Ese organismo, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inició una investigación de oficio a la empresa Uber, para constatar si esa empresa cumple con la legislación Argentina que protege los datos personales y la privacidad.
El director de ese organismo, Eduardo Bertoni, confirmó que "ante los acontecimientos que son de público conocimiento, la Dirección inició una investigación de oficio a Uber".
"Estamos esperando que responda los requerimientos que hicimos a fin de analizar los cursos de acción a seguir", dijo el funcionario.
La presentación del gobierno nacional es la primera que se produce en el conflicto entre esa empresa y los taxistas porteños que rechazan la introducción del servicio de Uber en el sistema de transporte privado.
El presidente Mauricio Macri había defendido la decisión del gobierno porteño que declaró ilegal la instalación del sistema Uber por considerar que de esta forma se "defiende a los taxistas".
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La ley argentina prevé que en caso de encontrarse infracciones a la ley, el organismo de control podrá aplicar sanciones de multa por hasta 100.000 pesos o la clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos.
Denuncia en CórdobaEl Sindicato de Remiseros de Córdoba (Sireco) efectivizó una denuncia contra Uber ante la Justicia Federal de la capital provincial al constatar que la empresa opera "desde hace varias semanas en la ciudad".
De acuerdo al gremio, la plataforma ya funciona para "traslados diarios de tripulación y empleados de diferentes líneas aéreas desde y hacia el Aeropuerto Internacional Córdoba, los viajes de ejecutivos y empresarios que tienen como origen hoteles de alta categoría de la ciudad y que se dirigen, en especial, también hacia la terminal internacional".
El secretario de Transporte de Córdoba, Julio César Waisman, determinó en su momento que "no hay ninguna posibilidad" de habilitar a Uber al sostener que "no está regulado"
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