La Justicia porteña falló en contra y declaró inconstitucional una parte de la Ley de Alquileres que ya había sido aprobada por la Legislatura en 2017. Este nuevo fallo considera que los honorarios deben ser pagado por las dos partes, tanto el dueño de la propiedad como por quien alquila. La normativa, justamente, buscaba que esto sea solo responsabilidad de los propietarios para alivianar un poco las cargas monetarias del inquilino.
El fallo de Cámara lleva las firmas de los jueces Esteban Centanaro, Mariana Díaz y Fernando Juan Lima. Lo que llama la atención es que uno de los jueces es dueño de una inmobiliaria.
"Vamos a apelar", confirmó Gervasio Muñoz, en representación de los inquilinos. "El gran dato es que el juez Centanaro, que falla en este tema, es dueño de la inmobiliaria Cent S.A. Es decir que es juez y parte". El magistrado figura como presidente de la firma Cent S.A, con sede en Laprida 1365.
"Esperábamos un fallo como este. Ahora veremos qué dice el Tribunal Superior de Justicia. Durante diez años a la comisión la tenía que pagar el inquilino y nadie judicializó el tema. Ahora que la tiene que pagar el propietario, todas las inmobiliarias sí lo judicializaron. Es que necesitan que seamos los inquilinos los que pagamos porque nos imponen cualquier condición. El propietario puede elegir otra inmobiliaria, nosotros no", agregó.
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La sentencia, que es de segunda instancia, le da la razón a una acción judicial iniciada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA) y 75 corredores independientes contra la Ley N°5859.
La normativa determina que las personas que quieren alquilar en la Ciudad de Buenos Aires no deben pagar comisión ni gastos de gestoría, aunque sí pedido de informes y certificación de firma. El argumento central de la nueva decisión judicial es que, con esa norma, la Legislatura local avanzó sobre una competencia del Congreso Nacional y sobre lo ya regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación.
La Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario entendió que los inquilinos pueden negarse a pagar su parte de la comisión a través de la presentación de un "protesto", un procedimiento judicial para rechazar una obligación de pago y que, de este modo, las inmobiliarias tienen derecho a cobrarle tanto a propietarios como a inquilinos, ya que los corredores brindan un servicio para ambas partes.
Por ahora, esta ley sigue vigente, porque el Gobierno porteño y el presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, que participó en la causa representando a los locatarios, tienen hasta este martes para para apelar la decisión de la Cámara.
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