A través de un documento compuesto por 19 artículos remarca que "los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor".

El papa Francisco dispuso este jueves que todos los religiosos católicos están obligados a denunciar casos de abuso sexual, a partir del decreto que busca combatir ese delito y a sus encubridores.

También estableció que en 2020 todas las diócesis deben contar con un “mostrador” de acceso público para recibir denuncias de pederastía y llevar un registro de esos documentos.

El decreto “Vos estis lux mundi ("Ustedes son la luz del mundo") está compuesto por 19 artículos, y el Sumo Pontífice remarca que “los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles”.

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En febrero pasado, en el encuentro anti-pederastía, se esbozaron ciertas directivas que ordenan a los religiosos a tratar con respeto a los denunciantes de abusos y a sus familias, a quienes se les debe ofrecer asistencia espiritual, escucha, asistencia médica, terapéutica y psicológica.

En esa línea, el Papa apuntó no solo a los abusadores, sino también las posibles cadenas de encubrimientos que durante años ocurrieron en la jerarquía eclesiástica. Por lo que incluyó sanciones contra obispos y superiores que interfieran en las investigaciones de las denuncias, tanto en el ámbito civil como en el canónico.

A partir de este decreto, denunciar abusos en la Iglesia católica no será una violación del secreto profesional. También prohibió cualquier perjuicio, represalia o discriminación contra quienes denuncien acosos, porque a ellos “no se les puede imponer voto de silencio alguno”.

El documento papal divulgado esta mañana dispone que para 2020 cada diócesis deberá tener un sistema que sea fácilmente accesible al público para recibir informes, como forma de acelerar las investigaciones.

Según la nueva norma, que entrará en vigencia el 1 de junio, cualquier religioso que tenga información sobre un posible caso de pederastía “tiene la obligación de informar” a sus superiores, así como de las omisiones y encubrimiento en la gestión de los casos de abusos.

También ratifica la presunción de inocencia para las investigaciones, no altera las penas ya dispuestas por las leyes de la Santa Sede y mantiene como “absoluto e inviolable” el secreto de confesión.

El decreto, que regirá “ad experimentum” por tres años, abarca no sólo el acoso y la violencia contra los niños y los adultos vulnerables, sino también la violencia sexual y el acoso resultante del abuso de autoridad, así como la tenencia de pornografía infantil. Y también incluye cualquier caso de violencia contra las religiosas por parte de clérigos, así como el caso de acoso a seminaristas o novicios mayores de edad.

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