La Defensoría Pública de San Nicolás propuso, a través de la presentación de un hábeas corpus colectivo, se les permita el acceso a teléfonos celulares a los presos alojados en la Unidad Penal 3 para que los mismos puedan comunicarse con sus familiares y evitar que pierdan esos lazos sociales.
A su vez, el petitorio firmado por los funcionarios del organismo plantea que se exima de sanciones a aquellos internos que hayan adquirido equipos clandestinos.
La determinación surge para impedir el "agravamiento de sus condiciones de detención, estando afectado el derecho de comunicarse periódica y asiduamente con su familia mediante vía telefónica en razón de la insuficiencia de medios disponibles y prohibición de uso de aparatos celulares".
María Celina Berterame, una de las firmantes, argumentó en Radio La Red que de esta manera se "fortalecen lazos familiares y sociales" y que es "una cuestión de dignidad" para los presos.
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