Diputados oficialistas y opositores llevan reunidos desde el miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país.

El Gobierno de Sebastián Piñera y la oposición negocian contrarreloj un acuerdo sobre la fórmula para redactar una nueva Constitución que calme el estallido social que mantiene generó una crisis en Chile desde casi hace un mes, pero las posturas se encuentran aún distantes y las protestas no dan tregua.

Diputados oficialistas y opositores se reunieron este miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país.

Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol "subsidiario" (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.

El Gobierno, que al inicio de la crisis se mostró muy reacio, se abrió finalmente el domingo a un proceso constituyente, pero rechaza la convocatoria de un plebiscito previo sobre los temas y una Asamblea Constituyente, la fórmula que pide la oposición y la mayoría de los manifestantes.

De Congreso Constituyente a Convención Constituyente

En un primer momento, el Gobierno propuso lo que llamó un "Congreso Constituyente", es decir, que sean los actuales parlamentarios los que redacten el nuevo texto y que este sea luego ratificado en referéndum.

Pero dado el alto nivel de descrédito que tienen los diputados, la coalición gubernamental Chile Vamos -formada por cuatro partidos de centro-derecha y derecha- llevó este jueves una nueva propuesta a la mesa de negociación: una "Convención Constituyente", integrada en a partes iguales por los actuales diputados y ciudadanos electos.

"Los sectores más duros de la derecha se están imponiendo con una propuesta profundamente antidemocrática. Nosotros hemos propuesto que sea la ciudadanía la que decida a través de un plebiscito el mecanismo para elaborar una nueva Constitución", dijo el jueves presidente del opositor Partido Socialista (PS), Alvaro Elizalde.

Para el catedrático de la Universidad de Utrecht (Holanda) y de la Universidad de Diego Portales (Chile) Javier Couso, se trata de una "gran cesión" por parte de la derecha, dado su histórico rechazo a tocar la Carta Magna y teniendo en cuenta que hace unos días se negaba a un proceso constituyente.

"Hay rumores que indican que incluso Chile Vamos estaría dispuesto a aceptar un referéndum habilitante de entrada para que los ciudadanos elijan si quieren cambiar la constitución y a través de qué mecanismo, algo que sería histórico", aseguró a Efe el experto.

"Estamos en tiempo de descuento y en la calle hay mucha sed de voto", advirtió Couso, cuando el estallido social está a punto de cumplir un mes y miles de personas se manifiestan conmemoran en las calles el primer aniversario del asesinato a manos de la policía de un joven indígena mapuche que en su momento generó múltiples protestas.

La Constitución chilena se ha reformado más de 40 veces en los últimos años, pero ningún Gobierno ha conseguido cambiar su esencia neoliberal por las altos cuotas parlamentarias que se requieren. La expresidenta Michelle Bachelet intentó un fallido proceso constituyente durante su segundo mandato (2014-2018).

Las multitudinarias protestas, que se iniciaron el 18 de octubre por la subida del precio de pasaje de metro y se convirtieron luego en un clamor contra el Gobierno y el desigual modelo económico heredado de la dictadura, son en su mayoría pacíficas, aunque también se han registrado duros enfrentamientos entre manifestantes y agentes, saqueos y destrucción de mobiliario público.

La crisis ya se ha cobrado la vida de al menos 22 personas -cinco de ellos presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad- y miles de heridos y detenidos, además de denuncias de abuso policial y torturas.

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