El documento alerta sobre 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y torturas. El gobierno venezolano replicó que se presenta una visión selectiva y parcializada

Michel Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un informe en el que denuncia cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuelaen el último año y medio y alertó que la gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, una proporción "sorprendentemente elevada".

Por su parte, el gobierno venezolano respondió: "Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles. El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela".

Tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta igualmente que "los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".

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La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por "resistencia a la autoridad", durante operaciones policiales en 2018.

"Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores" resalta Bachelet.

Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada. Venezuela atraviesa una profunda crisis política, con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países.

Los puntos salientes del informe:

"En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.

"El ACNUDH (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales”.

"Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”.

• "La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de ‘traidores’ y ‘agentes desestabilizadores’”.

"Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno”.

"El aparato de seguridad incluye a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014.

"Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”.

"En 2018-2019, se despidió y detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales”.

"Las mujeres, en particular las defensoras de derechos humanos han sufrido ataques en función de su género mediante comentarios sexistas, violencia de género en línea y humillaciones públicas”.

"El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más “formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante”.

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