El gobierno chileno tildó de "irresponsable" al ente, que asegura que en el país trasandino se han cometido violaciones a los derechos humanos

Amnistía Internacional (AI) volvió a fustigar al gobierno de Chile al calificar de “lamentable” su postura, luego de que la administración de Sebastián Piñera rechazara por “irresponsable” un informe de la organización que denunció graves violaciones a los derechos humanos en la represión del estallido social.

"Ha sido lamentable la respuesta del Estado, ha sido lamentable precisamente por desconocer la dimensión y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que aquí se han cometido en las últimas semanas”, aseveró la directora de AI para América Latina, Erika Guevara.

Anoche, el gobierno de Chile había calificado de “irresponsable” el lapidario informe publicado por AI sobre violaciones “generalizadas” a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la crisis social que vive el país desde hace más de un mes, documento que también provocó malestar en el Ejército y Carabineros.

"El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al gobierno pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”, dijo en una comparecencia pública la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

"La única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos”, agregó la funcionaria.

La organización, con sede en el Reino Unido, acusó tanto al Ejército como a los Carabineros de cometer “ataques generalizados” y hacer un uso “innecesario y excesivo” de la fuerza contra los manifestantes para “desincentivar” la protesta, todo, con la anuencia del presidente Piñera, a quien responsabilizó directamente.

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"El informe (...) incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del Estado de Derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos”, apuntó Recabarren, citado por la agencia de noticias EFE.

La crisis chilena, la mayor desde el retorno a la democracia en 1990, dejó al menos 23 muertos, cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado, y más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando comenzó la crisis tras un aumento en la tarifa del subte.

"No esperábamos que el Estado respondiera de esta manera tan brutal”, aseveró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

El Ejército, que estuvo en las calles durante los primeros ocho días de la crisis para tratar de restablecer el orden público cuando se decretaron estado de emergencia y toques de queda, se unió a las críticas al informe de AI y afirmó anoche en un comunicado que sus actuaciones “se ajustaron plenamente a las normas que regulan el uso de la fuerza”.

Por su parte, el cuerpo policial de Carabineros también difundió anoche un escrito en el que aseguró que la “institución no ampara ilegalidades” y rechazó “categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de los Derechos Humanos”.

En este sentido, reveló que inició más de 690 casos de sumarios o investigaciones administrativas a nivel interno.

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