La Procuración del Tesoro de la Nación pidió a la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspender la exhibición de documentos y una audiencia prevista para abril en el litigio por la expropiación de YPF.
La Argentina presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para solicitar la suspensión inmediata de la etapa de exhibición de documentos en el juicio por la expropiación de YPF. El pedido busca frenar el avance del proceso judicial mientras el tribunal analiza la apelación contra la sentencia que condenó al país a pagar unos US$16.000 millones.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación y apunta a detener el denominado proceso de discovery, así como el tratamiento de posibles sanciones y una audiencia probatoria programada entre el 21 y el 23 de abril de 2026. Según el Gobierno, estas instancias deberían quedar en pausa hasta que se resuelva la apelación de fondo.
El litigio se tramita en tribunales federales de Estados Unidos y se vincula con la expropiación del 51% de las acciones de YPF realizada en 2012. En 2023, la jueza Loretta Preska falló contra el Estado argentino y estableció una indemnización millonaria a favor de los demandantes.
En el escrito presentado ante la Cámara de Apelaciones, la Argentina sostiene que existen fundamentos jurídicos suficientes para revertir esa decisión. Entre ellos menciona una supuesta incorrecta aplicación del derecho argentino y el principio de "forum non conveniens", que cuestiona la competencia del tribunal estadounidense para resolver el caso.
La Procuración del Tesoro también advirtió que la continuidad del proceso de discovery podría generar “un perjuicio irreparable” para el país. Según el planteo oficial, la obligación de producir documentación y enfrentar nuevas instancias procesales antes de la resolución de la apelación afectaría la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras internacionales.
En ese mismo sentido, el Gobierno argentino sostuvo que ha cumplido con las órdenes dictadas en el proceso. Sin embargo, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones, medidas que la defensa argentina considera improcedentes y desproporcionadas.
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El caso también incorporó recientemente la intervención del gobierno de Estados Unidos. A finales de febrero, el Departamento de Justicia respaldó la posición argentina y pidió que no se declare al país en desacato mientras se resuelven los recursos presentados ante la Cámara de Apelaciones.
Además, la administración estadounidense solicitó participar en la audiencia prevista para el 16 de abril, vinculada con la apelación sobre la orden que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF. La Procuración del Tesoro afirmó que la Argentina continuará utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles, tanto en el ámbito interno como internacional, para defender la vigencia de la Constitución Nacional y los principios del derecho internacional público.
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