La estrella de la selección de Portugal y del Real Madrid Cristiano Ronaldo aceptó pagar €18,8 millones al fisco español en un preacuerdo para cerrar una investigación por presunto fraude fiscal.
Según el preacuerdo entre la defensa del delantero portugués y el abogado del Estado, la pena incluye dos años de cárcel, pero se salvaría de ella porque en España las condenas por ese tiempo o menores no suelen aplicarse.
Las condiciones deben todavía ser aceptadas por el fisco español, en momentos en que el nuevo gobierno socialista llegado al poder el 1 de junio se encuentra renovando la cúpula de las instituciones oficiales.
De concretarse el acuerdo, Ronaldo, que este viernes debuta con la selección de Portugal en el Mundial de Rusia frente a España, pondría fin a una investigación en su contra por un supuesto fraude fiscal de €14,7 millones, relacionado con sus derechos de imagen.
La fiscalía española le imputa haber utilizado entre 2011 y 2014 una estructura de sociedades radicadas en Irlanda y en las Islas Vírgenes Británicas, "para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales en España".
Según la acusación, el cinco veces ganador del Balón de Oro, pese a residir en España desde 2009, declaró tardíamente en 2014 unos €11,5 millones de ingresos durante el periodo comprendido entre 2011 y 2014, cuando en realidad habrían sido de unos €43 millones.
A ello se añaden, según la fiscalía, otros €28,4 millones disimulados a la administración fiscal, correspondientes a los derechos de imagen del período 2015-2020. Ronaldo siempre ha negado los cargos.
En mayo, fuentes judiciales indicaron que el delantero portugués estaba dispuesto a pagar €14 millones al fisco de España.
Si llega a ser condenado, "CR7" se expone a una multa de un mínimo de €28 millones y una pena de tres años y medio de prisión, según el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda español, Gestha.
Su gran rival, Leo Messi fue a juicio y se le condenó a una multa de €2,1 millones por fraude fiscal y a una pena de 21 meses de cárcel, conmutada por una multa.