El derecho del consumidor en la argentina, se encamina a cumplir los 30
años, y a pesar de la importancia de las leyes sancionadas en este
plazo, muchas de las cuáles son comparables con los países más
desarrollados, todavía no lograron tener una vigencia efectiva.
El derecho del consumidor en la argentina, se encamina a cumplir los 30 años, y a pesar de la importancia de las leyes sancionadas en este plazo, muchas de las cuáles son comparables con los países más desarrollados, todavía no lograron tener una vigencia efectiva.
Lo que es más grave aún, en los sectores más bajos de la población que son donde esos derechos más se necesitan y donde menos se cumplen, no se pudo construir un ejercicio concreto de ciudadanía del consumidor y la situación sigue como antes o peor.
Lo que es más grave aún, en los sectores más bajos de la población que son donde esos derechos más se necesitan y donde menos se cumplen, no se pudo construir un ejercicio concreto de ciudadanía del consumidor y la situación sigue como antes o peor.
Culpas repartidas entre empresas, estado y consumidores y una grave materia pendiente de nuestra clase dirigente, esas entre otras son las conclusiones de una encuesta sobre los consumidores argentinos que ya hace un buen tiempo circula entre los especialistas del área. Veamos algunas conclusiones del estudio: La mayoría de los argentinos cree que sus derechos como consumidores se respetan poco o nada. Los porteños se quejan más que los habitantes del Gran Buenos Aires y del interior del país. Y una parte significativa de los consumidores elige como forma de reclamo no consumir más un producto o hablar mal de determinada empresa.
También, el estudio revela, que la tendencia a hacer respetar los propios derechos aumenta a medida que se asciende en la pirámide social.
El estudio -efectuado por la consultora TNS Argentina- traza un panorama poco optimista sobre la percepción que tienen los propios consumidores de su relación con empresas y comercios. La mayoría considera que sus derechos como consumidores se respetan poco (45%) o nada (40%). Sólo el 20% entiende que sus derechos se respetan más ahora que hace diez años. Y en relación al futuro, tres de cada diez creen que sus derechos se respetarán menos en los próximos diez años y, nuevamente, sólo el 20% estima que se respetarán más que ahora.
Dos de cada diez consultados confirman que han realizado una queja o reclamo en un comercio o empresa; de ellos, 30 por ciento pertenece a un nivel socioeconómico alto, 21 por ciento a la clase media y apenas el 12 por ciento a sectores populares. Los habitantes de Capital Federal son los que realizan más quejas, si se los compara con los del Gran Buenos Aires (28 contra 19 por ciento) y los del interior del país sólo tienen un nivel de reclamos de un 13 por ciento. Además de hacer sus quejas en los comercios y empresas, los consumidores concurren, en menor medida, a los organismos públicos (5%) y el tres por ciento, a asociaciones de defensa del consumidor.
Al recibir una mala atención, un producto defectuoso o un servicio no del todo eficiente, el 21 por ciento de las personas encuestadas ha elegido como forma de “castigo” no consumirlo más o hablar mal de ese producto o servicio. Los hombres de Capital Federal(37%), entre 35 y 49 años (26%), de mayor nivel económico (39%) son los que han tomado esa actitud.
Un llamado de atención
Muchos especialistas en la materia coinciden en que el sistema de defensa del consumidor mejoró con el transcurso del tiempo, la gente se anima más a reclamar y muchos problemas se resuelven.
Sin embargo, los datos que surgen de esta encuesta son un llamado de atención para todos los actores involucrados en el sistema. Comenzando por las propias empresas, que conociendo las leyes vigentes muchas veces las violan para maximizar sus ganancias; continuando por los organismos del Estado, que deberían cumplir un rol más activo y comprometido con la difusión y defensa de los derechos de los consumidores; y finalizando con los propios consumidores, de los que se puede esperar un poco menos de apatía en la defensa de sus propios intereses.
Quizás una mayor utilización de las acciones colectivas podría contribuir a mejorar el sistema y a que los consumidores tengan mayor confianza en sí mismos y en la Justicia. A menudo se argumenta desde las empresas que el número de reclamos es insignificante en relación a la cantidad de clientes que tienen. Por ejemplo, si de 15 millones de abonados de una compañía de telefonía celular sólo reclaman 300 ó 400 personas, sin dudas que el porcentaje es muy poco significativo. Pero si resulta que el problema por el cual reclaman unos pocos en realidad es común a todos, ahí la cosa es distinta. Si el problema es de todos, ¿por qué resolvérselo sólo a los que reclaman?
Esto último es cierto sin dudas, pero los estados locales son los que pueden y deben liderar el proceso de emancipación del consumidor, defendiendo sus derechos y sobre todo brindando educación al consumidor, los estados provinciales, salvo honrosas excepciones estuvieron ausentes durante todo este tiempo y que pedir al estado nacional que no resuelve, siquiera
el problema más grave que tienen los consumidores, que es la vigencia de la inflación de 2 dígitos por año.
Al recibir una mala atención, un producto defectuoso o un servicio no del todo eficiente, el 21 por ciento de las personas encuestadas ha elegido como forma de “castigo” no consumirlo más o hablar mal de ese producto o servicio. Los hombres de Capital Federal(37%), entre 35 y 49 años (26%), de mayor nivel económico (39%) son los que han tomado esa actitud.
Un llamado de atención
Muchos especialistas en la materia coinciden en que el sistema de defensa del consumidor mejoró con el transcurso del tiempo, la gente se anima más a reclamar y muchos problemas se resuelven.
Sin embargo, los datos que surgen de esta encuesta son un llamado de atención para todos los actores involucrados en el sistema. Comenzando por las propias empresas, que conociendo las leyes vigentes muchas veces las violan para maximizar sus ganancias; continuando por los organismos del Estado, que deberían cumplir un rol más activo y comprometido con la difusión y defensa de los derechos de los consumidores; y finalizando con los propios consumidores, de los que se puede esperar un poco menos de apatía en la defensa de sus propios intereses.
Quizás una mayor utilización de las acciones colectivas podría contribuir a mejorar el sistema y a que los consumidores tengan mayor confianza en sí mismos y en la Justicia. A menudo se argumenta desde las empresas que el número de reclamos es insignificante en relación a la cantidad de clientes que tienen. Por ejemplo, si de 15 millones de abonados de una compañía de telefonía celular sólo reclaman 300 ó 400 personas, sin dudas que el porcentaje es muy poco significativo. Pero si resulta que el problema por el cual reclaman unos pocos en realidad es común a todos, ahí la cosa es distinta. Si el problema es de todos, ¿por qué resolvérselo sólo a los que reclaman?
Esto último es cierto sin dudas, pero los estados locales son los que pueden y deben liderar el proceso de emancipación del consumidor, defendiendo sus derechos y sobre todo brindando educación al consumidor, los estados provinciales, salvo honrosas excepciones estuvieron ausentes durante todo este tiempo y que pedir al estado nacional que no resuelve, siquiera
el problema más grave que tienen los consumidores, que es la vigencia de la inflación de 2 dígitos por año.
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