Crece la tensión por un posible desalojo

A poco de cumplirse un mes de que explotó el conflicto, crece la tensión por la posibilidad de efectuarse un desalojo violento de las casas semi construidas que se encuentran en el barrio Esperanza, en Morón Sur, debido a que no se ha logrado un acuerdo pacífico entre las 40 familias que están ocupando el predio, que insisten radicalmente en mantener la toma, y las autoridades del Municipio, quienes quieren adjudicar esos hogares de acuerdo a un censo que revele quiénes son los okupas con mayores necesidades. Se trata de un terreno que está en Santa Catalina y Don Bosco que, originalmente, formó parte de una iniciativa del ex Intendente Juan Carlos Rousselot, que tenía como objetivo construir allí 32 viviendas y que, por múltiples circunstancias, “se pudo ejecutar sólo el 25 o 30 por ciento de la obra”, es decir las paredes, la carpeta y el piso. El 6 de marzo pasado, alrededor de 200 personas de la zona ocuparon esas 32 unidades habitacionales “por miedo a que gente de otros barrios se instale”; situación que se originó en similares condiciones a la crisis en la que se reportaron numerosas tomas de tierra a lo largo de la Provincia y la Capital Federal, encabezadas por la usurpación del Parque Indoamericano. Tan sólo 18 días después, tras un primer acuerdo con autoridades locales, los ocupantes volvieron a tomar el predio porque “el Municipio quiere desalojar” y realizar un censo, motivo por el cual se generó un clima de tensión entre ambas partes y se presume que, en los próximos días, la Justicia podría efectuar la orden de desalojo que los okupas quieren resistir.
La vía legal
Según declaro el Intendente de Morón, Lucas Ghi, en la primera reunión con los ocupantes “lo que establecimos fue llevar adelante un censo para conocer cuál es la situación socioeconómica, los niveles de vulnerabilidad de cada una de las familias que estaban ocupando en ese momento el predio”. “Sin embargo -continuó el jefe Comunal- algunos vecinos que veían que con la constitución de esos criterios eran despojados de un beneficio que ellos creían que podían hacer uso, otra vez instigaron y volvieron a la carga con la ocupación de este terreno”. Para el mandatario, entre las personas que solicitan una vivienda digna hay quienes reúnen las condiciones necesarias y otros que no estarían en condiciones de acceder al beneficio estatal. “Algunas de las familias que están ocupando son potenciales adjudicatarios porque claramente reúnen esos requisitos. Pero hay otras familias, y lo sé porque el censo así lo refleja, hay una con una persona que trabaja en una empresa pública de la Ciudad de Buenos Aires, con un sueldo de 6 mil pesos, que tiene una casa que alquila y con un auto”, añadió. Y por último, Ghi remarcó: ¿Por qué yo, estado municipal, que estoy administrando un bien que es escaso, ante una demanda que excede largamente, voy a conferir una casa a esa familia? No lo voy a hacer. Y esa es una de las familias que están ocupando el lugar. No desacredito la necesidad de una casa propia, obviamente, todos tenemos el derecho a una casa propia, ahora hay niveles de priorización y el Estado tiene que hacerlo”.
Postura radical
La postura de los okupas de no abandonar las casas semi construidas se volvió más radical luego de que el Municipio efectuara una denuncia ante la Justicia contra las familias que se encuentran en el lugar. Según se comprobó, los miembros de la toma aseguraron que “no nos vamos a ir”, y todo indica que el conflicto tendría un final violento. Sin embargo, todavía se mantienen las esperanzas de llegar a un acuerdo pacífico ya que el Intendente de Morón envió “un mensaje de paz”. “No quiero represión, no quiero desalojo violento, no quiero ninguna decisión que se tome en desconocimiento mío. Es un problema que tiene un origen social, no es un delito ordinario. Y lo que le he pedido a la Justicia es que antes de llevar adelante el desalojo, se agoten todas las instancias de mediación posibles”.