Luego de un operativo conjunto entre Nación y Provincia realizado en la localidad de Ciudadela, distrito de Tres de Febrero, donde se detectaron 34 personas -en su mayoría de origen boliviano-, en un taller textil ilegal, la situación de este tipo de locales clandestinos en la zona volvió a preocupar a vecinos y autoridades, que padecen el crecimiento de una precaria modalidad de trabajo directamente relacionada a la situación social de los sectores más necesitados. Días atrás, los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia encabezaron un operativo de inspecciones en un taller textil ubicado la calle Pereyra 3859, del barrio de Ciudadela, en el cual se detectaron a 6 menores trabajando y 28 mayores desarrollando diferentes tareas, sin respetar la legislación laboral vigente. Los trabajadores, en su mayoría de origen boliviano, se encontraban encerrados bajo llave, sin poder salir ni entrar del establecimiento, y se desempeñaban en condiciones deficientes en materia de salud y seguridad. En ese sentido, el local clandestino contaba con dos baños individuales, problemas en las instalaciones eléctricas, poca ventilación y ausencia de matafuegos en condiciones de ser utilizados. A su vez, además de no poseer documentación que acredite su vínculo laboral, se pudo constatar que las personas trabajaban de lunes a sábado, 12 horas, de 7 a 19, para las marcas Riffle Dening Manufactured, Riffle Jeans y Vanderholl. Dentro de las irregularidades, se reveló que había un niño de 3 años cortando hilo y dos chicos de 14 y 15 años manipulando máquinas de gran porte. También pudo constatarse que las mujeres vivían en el mismo lugar, mientras que los hombres eran dirigidos todos los días a dormir a habitaciones radicadas a 600 metros. En el lugar de trabajo, eran controlados por un reloj y un planillero que verificaba el cumplimiento de las horas trabajadas. “Estos operativos forman parte de una continuidad de la tarea inspectiva propuesta por el gobernador Scioli a fin de verificar que no haya niños trabajando”, explicó el ministro de Trabajo Oscar Cuartango, quien luego agregó que “el propósito también es que los trabajadores desempeñen sus tareas en un marco de buenas condiciones de salud y seguridad, para lograr en definitiva que ese trabajo que se fomenta sea decente”. De este operativo participaron además efectivos de la Policía Federal Delegación La Matanza; la Dirección Nacional de Migraciones; el Juzgado Federal Nº 3 de San Martín y la Delegación Regional de Trabajo de Tres de Febrero. Debido a la detección del trabajo de menores, también intervino la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), que articula las distintas políticas de Estado para garantizar la promoción, restitución y protección de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. De Capital al Conurbano El tema de los talleres textiles clandestinos empezó a tener repercusión en los medios a partir de 2006, cuando se produjo un incendio en uno de la calle Luis Viale, en Caballito, que dejó seis personas muertas. A partir de entonces las autoridades laborales de la Ciudad comenzaron a realizar mayores controles sobre la actividad textil y generó que muchos talleres se mudaran a la Provincia, fundamentalmente a los partidos de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza. Según un informe del gobierno de la provincia de Buenos Aires, San Martín, Lomas de Zamora, La Matanza, Ezeiza y Tigre son los cinco distritos del conurbano donde se estima se instalaron unos 500 talleres textiles ilegales, que antes del trágico incendio en Caballito funcionaban en distintos barrios de la Capital. En la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que en 1999 comenzó a investigar la precaria situación laboral de los inmigrantes -desde el hacinamiento hasta la esclavitud-, aseguran que los extranjeros explotados no se animan a denunciar a los propietarios de los talleres ya que muchos son familiares. A su vez, los talleres -dijeron voceros del Gobierno porteño-, son difíciles de detectar porque funcionan en casas de familia, “sin una identificación exterior particular”. “La mayoría de los empleados de estos talleres no tienen documentos argentinos y fueron traídos desde países limítrofes (mayoritariamente de Bolivia) con falsas promesas de trabajo estable y salarios en dólares. Muchos suponen que harán mucho dinero en una breve temporada de estada y por eso no se preocupan por la documentación”, sostiene un informe de la Defensoría.

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