Una Rufo local como límite para pagarles a los buitres

Luego de dos horas, él dio su opinión, atacando a la oposición acusándola de 'utilizar una excusa para no debatir desde una postura claramente autoritaria; o porque no tiene argumentos para un debate cívico, o porque no quieren el debate y no creen en el desempeño de las instituciones democráticas'.

En efecto, la oposición se quedó sin poder interactuar frente al jefe de Gabinete en un momento clave como el actual, con la crisis con los fondos buitre en marcha, aunque debe admitirse que no tuvo demasiado tiempo ni margen de acción para elaborar otra estrategia, ante la sorpresiva movida oficial de llevar al titular del Cuerpo al recinto, contra lo previsto originalmente. El oficialismo, en tanto, se sacó un peso de encima al permitirle reaparecer al funcionario procesado, y hacerle quemar a la oposición una alternativa, pues no podrá abandonar el recinto indefinidamente sin comenzar a experimentar el propio desgaste por ese accionar.

Con todo, el previsible segundo procesamiento del vice no ha hecho más que brindar nuevos elementos a UNEN, PRO y el peronismo disidente para embestir contra la figura de Boudou, aunque el as de espada lo tendrán recién cuando el oficialismo los necesite realmente sentados en sus bancas para aprobar alguna ley clave. Lo que ha conseguido el kirchnerismo de paso es dar una muestra cabal de poder y dejarle claro a propios y extraños que 'si la Jefa lo ordena' no hay barrera que no atravesarán. Conserva el poder de fuego para seguir imponiendo sus decisiones en el Congreso, y las resistencias en el propio seno oficialista parecen ser todavía endebles.

Una señal para los que piensan que la modificación de los códigos, o leyes tales como la estatización de la Universidad de las Madres, pueden haber sido archivadas definitivamente. Cuando Olivos lo ordene, volverá a imponer su mayoría.

Deberá reconocerse que cuando falta exactamente un año para las PASO y por lo tanto la cuenta regresiva está plenamente en marcha, la Presidenta conserva su poder de fuego casi intacto. Al menos en el plano político, no tanto en el judicial, el único que ha podido marcarle ciertos límites. Encuestadores que no habitan el espacio oficialista y por lo tanto no están obligados a darle tan solo buenas noticias, coinciden en marcar un repunte de la imagen presidencial, encaramada en la pelea en marcha con los fondos buitre.

Son elementos que justifican buena parte de las acciones emprendidas por el gobierno en esa instancia, que han hecho imponer la postura del ala más dura del gobierno, reacia a negociar una salida con los holdouts, y ha hecho pensar incluso que no es seguro que en enero, cuando la cláusula RUFO ya no ejerza el poder de veto que el gobierno se ha propuesto respetar, se acate el fallo del juez Griesa que establece pagarle a los buitres lo que reclaman.

Para entonces habrá otro argumento, una suerte de RUFO autóctona: el corsé legal que establece la Ley 26.886 que suspendió la ley cerrojo. Sancionada en 2013 para permitir mostrar un gesto a la justicia norteamericana de que se estaba dispuesto a negociar con los holdouts abriendo una vez más el canje de la deuda, la norma establece en su artículo 2º que 'los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto Nº 563/10'. Y por si eso fuera poco, en una parte del extenso artículo 4º prohíbe 'ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho'.

De modo que para que el gobierno pueda saldar su deuda con los buitres sin infringir las leyes argentinas, debería modificar antes esa norma. No lo podría hacer tampoco antes de fin de año, pues estaría anticipando que se propone trasgredir RUFO, y para recordar a los legisladores sentados en sus bancas inmediatamente después de las fiestas hay que remontarse al cataclismo de 2001/2002. Así como el año pasado la Presidenta no quiso llamar a extraordinarias para votar precisamente esa norma que suspende la ley cerrojo, bien podría ser que este controvertido default se extendiera todo el verano, hasta el inicio de sesiones ordinarias.

Una fuente legislativa cercana al oficialismo -pero que no es parte del mismo- relativizó ante DIARIO POPULAR los límites de la Ley 26.886 y sugirió que podrían sortearse directamente a través de un DNU. El artículo 99 de la Constitución le da al Presidente la posibilidad de emitir disposiciones de carácter legislativo 'cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes'. Ese sería el caso, que le permitiría de paso al gobierno sortear un debate sobre la deuda que no desea brindar en el Congreso.

La misma fuente dejó no obstante abierta la posibilidad de que antes avance una negociación con los propios bonistas de la deuda reestructurada, para cambiar el domicilio del pago. Con la anuencia del 66% de los holdins eso podría lograrse, y el gobierno podría cumplir con su decisión de no pagarles a los buitres más que al resto.

Amén de ello, esta semana se abrió otra instancia, confirmada por Eduardo Eurnekian, que consistiría en que empresarios nacionales se ocuparan de comprarles los bonos a los holdouts. Bastaría con reunir a 1.400 dispuestos a poner un millón de dólares cada uno, a sabiendas de que más perjuicio les traerá la prolongación en el tiempo de la situación actual. En ese caso no habría expectativa de resarcimiento de parte del gobierno de Cristina Kirchner, con el que solo se negociaría que el Banco Central no pusiera escollos a la salida de los dólares para ese eventual pago. La apuesta sería a futuro y la compensación correría por cuenta del gobierno siguiente, razón por la cual se iniciaron la última semana contactos con los principales candidatos.