Policiales
La fiscal Gabriela Sierra y la jueza de Rocha, Silvia Urioste, serán quienes investiguen desde mañana el crimen de la adolescente argentina Lola Luna Chomnalez, caso que al día de hoy no tiene detenidos.
La investigación por el homicidio de Lola Chomnalez en Uruguay pasará mañana a manos de la jueza de Rocha, Silvia Urioste, y la fiscal Gabriela Sierra, que suplantarán a la magistrada Marcela López Moroy y a la fiscal Soledad Barriola, quienes se encontraban de turno en los primeros días de enero en el marco del calendario de la Feria Judicial Mayor.
El de Lola es uno de los primeros casos conocidos públicamente en los que la familia de la víctima, representada por el abogado Jorge Barrera, participa de las audiencias y tiene la posibilidad de pedir pruebas.
Eso es porque la ley de responsabilidad penal del empleador aprobada en marzo de 2014, además de establecer un delito específico que castiga a los empresarios por los accidentes laborales, modificó el artículo 83 del Código del Proceso Penal, que ahora dice textualmente: "El damnificado, el denunciante y el tercero civilmente responsable tendrán acceso al expediente durante todo el desarrollo del presumario, y podrán proponer el diligenciamiento de pruebas".
La modificación, si bien genera debate jurídico, rige para todos los casos, y por eso la jueza López Moroy le permitió a Barrera estar presente en las audiencias llevadas a cabo en el marco de la indagatoria.
Incluso, el abogado de la familia pidió en su momento pruebas como un informe meteorológico del día de la desaparición de la adolescente y también la ampliación de varias de las pericias forenses realizadas al cuerpo de la joven hallado el 30 de diciembre. El jueves 8, la jueza López Moroy liberó a un hombre apodado "Conejo", a quien la Policía señalaba como el principal sospechoso del homicidio de Lola.
La magistrada no encontró pruebas en contra de este individuo, y eso terminó derrumbando la principal línea de trabajo a nivel policial.
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