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Un informe alertó que en 2023 hubo 58 homicidios por la violencia contra los jubilados. Cuáles son las modalidades de ataques a los adultos mayores en el AMBA.
Una jubilada de 91 años fue asesinada a golpes y su hija resultó gravemente herida al ser atacadas por delincuentes que ingresaron a su vivienda de la localidad bonaerense de Glew y sustrajeron dos televisores, mientras que por el asalto y crimen detuvieron a un exyerno de la víctima y a otros dos sospechosos. El episodio sucedió el martes pasado y se suma a los 10.200 ataques delictivos padecidos por personas de la tercera edad durante el último año, con un registro siniestro de 58 homicidios en el AMBA.
En un nuevo informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia de la Consultora Miglino y Asociados y que toma como punto de partida las causas penales que instruye la justicia Nacional de Instrucción de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires, más los casos de los juzgados penales de Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, San Martín, Morón, Moreno y La Matanza, quedó acreditado que la maldita inseguridad sigue siendo el peor de los flagelos que padecen en el AMBA los ancianos.
“Han ocurrido 58 homicidios en el año y 10.200 ataques de todo tipo, siempre con el ánimo de despojar al adulto mayor de las pocas pertenencias que tiene”, se indicó.
Ataques a jubilados: cuáles son las modalidades en el AMBA
“El año 2023 quedará grabado en la mente de más de un argentino o argentina, porque será el año en que su padre, su madre, algún familiar o amigo mayor fue asesinado al momento de sufrir un delito. La Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en una suerte de trampa sin salida donde motochorros matan a los ancianos, los temibles cerrachorros colombianos ingresan a departamentos donde duerme un jubilado y lo matan, bandas de venezolanos los golpean hasta la muerte para robarles el teléfono celular en la calle o reciben un tiro o una puñalada por una discusión de tránsito o de otro tipo", dijo el abogado Javier Miglino, experto en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.
"Da lo mismo que el adulto mayor viva en Recoleta, en Palermo, en Belgrano o en Flores. Esos cuatro barrios más Almagro, Liniers y Constitución se han convertido en zonas rojas criminales contra los ancianos. Sienten pánico de ser asaltados y asesinados, ellos que sólo nos piden, como me lo hacen saber cada vez que los entrevistan las chicas de Defendamos Buenos Aires, que quieren vivir en paz sus últimos días”, agregó.
En la provincia de Buenos Aires, las cosas no están mejor .”De los 58 homicidios contra ancianos, 30 ocurrieron en el ámbito de la Provincia. Barrios otrora seguros como Quilmes, Lomas de Zamora, San Martín, San Isidro o Ramos Mejía en La Matanza, hoy son verdaderos ‘cotos de caza’ de ancianos", señaló Miglino.
Y continuó en esa línea: "Hay bandas de colombianos y venezolanos que controlan durante todo el día las zonas bancarias de esos barrios. Cuando reciben el dato de algún anciano va a cobrar una suma de dinero en efectivo o notan por el lenguaje corporal que el abuelo marcha nervioso porque lleva dinero; enseguida se le tiran encima. Y si lo matan, todo sigue igual. El robo se perpetra, los delincuentes huyen y los tribunales locales trabajarán sobre un nuevo homicidio”.
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Las bandas compran casas. “Es vox populi que muchos colombianos y muchos venezolanos se han mudado a la Provincia y han comprado casas al contado y en dólares. Se trata de sujetos que llegaron al país aupados con un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, que llegaron caminando, tal como lo recordaban las crónicas de aquel momento, con los bolsillos vacíos y sin ocupación fija. De la noche a la mañana tienen entre 20.000 y 40.000 dólares en efectivo y haciendo dos más dos, los investigadores judiciales le confiaron a Defendamos Buenos Aires que se trataría del dinero robado a los ancianos, tanto en la vía pública como en sus propias casas”, dijo Miglino.
Los abuelos tienen miedo de denunciar. “Muchos ancianos no denuncian a aquellos que los golpean, los roban o los estafas porque temen represalias. A esto se agrega la dificultad de dar con los delincuentes que en el algunos casos conforman sofisticadas bandas de estafadores que utilizan chips telefónicos de bolseros o de líneas prepagas o de teléfonos robados que aún funcionan y de ese modo la titularidad complica la investigación judicial, porque los ladrones y estafadores descartan los móviles luego de haber conseguido un botín”, concluyó el experto.
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