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En la tarde de hoy, frente a la Municipalidad de San Isidro, se realizó una marcha solicitando que el niño "L" sea devuelto a su madre. No saben dónde está.
El caso del niño "L", que fue arrancado de las manos de su madre por una decisión judicial y entregado a su padre, quien está acusado de abusar del niño y de su hermana, sigue conmocionando a la población de San Isidro, la ciudad donde habitaba el menor.
El padre del menor, con el que el niño se resistió a volver, además está acusado de violencia de género contra la madre del niño "L" y por incumplir con el pago de la cuota asistencial y alimentaria de ambos menores.
Este viernes, a última hora de la tarde, familiares y allegados al menor se reunieron frente a la Municipalidad, en la Avenida Centenario, para solicitar que se anule ya mismo el fallo del juzgado N° 2 de Familia, dictado por la jueza subrogante Laura Sabrina Citraro.
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San Isidro: menor obligado a la fuerza a volver con su padre abusador
“¿Dónde está "L"? es la pregunta que se hacen los familiares del lado materno. La jueza entregó al niño al acusado de abusarlo cuando empezaba a contar su drama. Ahora "L" se va a sentir indefenso frente a quien él había acusado”, señaló el abogado defensor de la madre del menor, Daniel Mercado.
La jueza subrogante del Juzgado Número 2 de Familia, Laura Sabrina Citraro, ordenó ayer jueves por la noche retirar por la fuerza de la casa de su madre al niño "L", donde vivía, pese a los desgarradores gritos de auxilio y llanto del menor. "L" quería seguir con su mamá (la señora "R"), y su hermana "V", pero no lo escucharon.
El niño no quería volver con su padre y su tía, a los que "teme y desprecia", según testimonio de su abuelo, el señor "P".
Una vez que el menor fue trasladado al Juzgado, "P" quiso hablar con la magistrada que se negó a recibirlo. Tampoco quiso escuchar al letrado de la madre y del menor.
A la doctora Citraro no le importó, ni tuvo en cuenta la denuncia que la madre del menor efectuó contra el padre, el "Sr. R" , por abuso contra el mismo niño -a cuyo cuidado puso- y a su hermana, ni por "tentativa de homicidio" contra su exesposa y madre de los menores.
Por eso, la jueza Citraro ordenó a la policía de la Provincia de Buenos Aires retirar por la fuerza al niño de su casa materna y llevarlo al tribunal.
Según el testimonio del abuelo, el "Sr. P" -manifestado en una extensa carta personal- el procedimiento fue violento, "como en los peores años de la dictadura (1976-1983)", aseguró.
"Pedí el derecho de abrazar mi nieto mientras lo sacaban -narró el abuelo-, y por respuesta, un cordón policial impidió mi último abrazo, mi despedida, ante los ojos de espanto tremendos de mi nieto". "En forma violenta, se lo llevaron Los gritos del chico tremendos y aterradores", agregó. Y denunció: "Nos maniataron, 4 policías me aferraban, lo mismo a mis dos hijos varones, y a mi hija la empujaron, le pegaron, y solo por ser su madre".
Siempre según el relato del "Sr.P", "el padre (de "L"), cobardemente, se cobijó detrás del cordón policial, único refugio del aterrador miedo que le producía oír a mi nieto, que lloraba"
¿Y los derechos del niño?
Ante esta desgarradora situación, el "Sr. P" se preguntó: "Un chico de 8 años, ¿no tiene derechos, no puede decidir, no puede hablar, o acaso su voz es reemplazada por algunos mayores, personal de la justicia, secretarios, jueces, que carecen de la humanidad paterna?
Además, "Yo -el abuelo materno- con mis 75 años, padre de nueve hijos, abuelo de 15 nietos, que me he pasado tratando de hacer el bien, de dando amor ,¿no tengo derecho de ser oído por esta jueza, no tengo derecho que me de una audiencia, que no tengo derecho de hablar?, como a 'L', al que me han prohibido darle un último abrazo
La situación judicial
Desde anoche, la madre del menor, la señora "R" y el abuelo del menor, el señor "P", junto al letrado de la familia, Daniel Mercado (exfiscal federal y especialista en derechos del Niño), se abocaron a la apelación contra la medida del jueza Citraro, así como una serie de medidas que pidieron a POPULAR no revelar por el momento, para no entorpecer la acción de instancias superiores de la Justicia y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.