Alejandro Manrique fue capturado el 19 de octubre en San Marcos Sierra, en Córdoba, y debe ser trasladado a Buenos Aires para, inmediatamente, cumplir su condena de 10 años tras las rejas. Pero aún sigue en la provincia serrana, en un centro hospitalario, ya que alega un problema de salud. ¿Cuándo se hará efectiva su prisión?

Alejandro Manrique fue condenado en febrero de 2014 a la pena de 10 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante de la hija de 13 años de su entonces esposa, María Mercedes Aira.

Luego de la condena –que llegó un año y medio después de que María Mercedes hiciera la denuncia- Manrique se fugó. Estuvo tres años prófugo. Y pasó a formar parte de los 10 “más buscados” del país. Por él se ofrecía recompensa y tenía un pedido de captura nacional e internacional.

Sin embargo, desde aquel momento ya pasaron más de 20 días. Y el traslado a Buenos Aires no se concreta. Es que el “trámite” debería ser rápido: ni bien llegado a Buenos Aires, el Tribunal Oral número 26 –el que ordenó la captura y dictó la condena- le designaría un penal y fin del caso.

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“Manrique manifiesta un problema de salud que, hasta ahora, en el tiempo que duró el proceso del juicio (entre 2006 y 2014) nunca había expresado. Nunca había manifestado ante el Tribunal impedimentos para asistir a las audiencias, por ejemplo”, detalla a Diario Popular, Pablo Lafuente, abogado de la querella. “O está fingiendo o sus problemas empezaron justo después de 2014”, agrega.

Esta situación es la que frena el traslado de Manrique y, por lo tanto, su detención efectiva. Lafuente es optimista y espera que la semana próxima haya una fecha concreta de traslado. De la misma manera que espera no se le den “más concesiones” a Manrique. “Él se burló del Tribunal al fugarse”, destaca Lafuente.

Ahora bien ¿es posible que, de la misma manera que ahora alega problemas de salud, lo haga luego para pedir prisión domiciliaria?

“No es lo que se avizora. La prisión domiciliaria es una concesión por edad del condenado o por cuestiones de salud que impidan el resguardo de su salud en una cárcel común. No creo que sea el caso”, dice Lafuente.

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