La denuncia había sido presentada ante el juez Sebastián Casanello por los legisladores Rodolfo Tailhade, María Fernanda Vallejos, María Emilia Soria y Adrián Grana contra Macri, su ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, el ex secretario del área, Gustavo Lopetegui, Claudia Mundo y Mario Dell’Acqua, entre otros.

La actual conducción de IEASA pidió ampliar la denuncia y ser aceptada con querellante al sostener que Macri y sus funcionarios “modificaron los contratos de fideicomiso de las centrales” que “prohibían su privatización”, así como cambiaron los pliegos para eliminar la tasación del Tribunal.

Al respecto, el organismo había fijado como valores US$ 305.906.000 para la central Ensenada de Barragán y US$ 207.110.000 para la Brigadier López, pero ambas fueron adjudicadas a US$ 229.529,500 al grupo YPF-Pampa y US$ 165.432.500 a Central Puerto.

De esa manera, la suma de las dos operaciones fue a un precio inferior a US$ 118.054.000 al fijado por el Tribunal de Tasación.

Por otra parte, IEASA puntualizó que las dos centrales fueron financiadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS y a su vez la anterior conducción de la compañía “utilizó los fondos de las ventas para comprar los títulos de deuda” que tenía con el organismo previsional, “porque si no, no se podía realizar el cambio de titular de las centrales”.

Asimismo, “IESA vendió a precio vil” y se quedó con los títulos de la ANSeS, que luego “perdieron el aval del Tesoro Nacional”, que fueron reemplazados “por una garantía privada de los compradores”.

“Eso fue posible por la ejecución de una cantidad inédita de irregularidades y actos administrativos deliberados con el objetivo de allanar el camino para enajenar las dos centrales a un precio vil”, denunció IEASA, que concluyó asegurando que se esmeriló “el patrimonio del Estado nacional”, en una operación que, por el contrario, fue “muy rentable para los compradores”.