Un informe que fue recibido por el juez federal Ariel Lijo revela que las Fundaciones en la mira tras el robo de 245 mil pesos y 50 mil dólares a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, no presentaban los balances.
El magistrado recibió los legajos de varias organizaciones bajo la lupa (SUMA; FUNDAR SEGURIDAD Y JUSTICIA; CRECER Y CRECER Y FORMAR), en los que figuran la constitución de esas sociedades, la designación de directores y los cambios de los mismos, pero de la información no surge que hubieran presentado balances, lo que se trataría de una situación irregular.
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La vicepresidenta afronta una causa penal como consecuencia de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados kirchneristas Rodolfo Thailade y Juan Cabandie por el origen supuestamente dudoso del dinero.
Según indicaron los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del PRO y la sospecha que crece en Tribunales es que están "flojas de papeles": el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, así lo consideró en un nuevo escrito presentado la semana pasada, al señalar que la fundación SUMA "registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros".