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La expresidenta fue derivada este sábado al Sanatorio Otamendi para estudios médicos complementarios donde se determinó que tenía una apendicitis y se somete a una operación.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue operada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, tras sufrir una apendicits. La exmandatario presentaba dolores abdominales cuando se encontraba en su departamento de Constitución y fue trasladada a la clínica donde le realizaron estudios y determinaron que debía ser intervenida, según confirmaron fuentes cercanas a la exmandataria.
La decisión se tomó luego de que un equipo de profesionales de la salud se presentara en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Tras una primera revisión clínica, los médicos consideraron necesario su traslado al centro de salud para la realización de estudios complementarios.
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El procedimiento se llevó a cabo con la correspondiente autorización judicial, en cumplimiento del régimen de detención domiciliaria que rige sobre la exjefa de Estado. Desde su entorno indicaron que cualquier novedad sobre su estado de salud será informada a través de los partes médicos oficiales que emita el Sanatorio Otamendi.
Durante la tarde, algunos militantes se acercaron hasta la puerta del sanatorio, ubicado sobre la calle Azcuénaga, para expresar su apoyo. Entre ellos se destacó la presencia de la intendenta de Quilmes y dirigente del PJ nacional, Mayra Mendoza. En la vereda frente a la clínica se desplegó una bandera con la consigna “Nunca caminarás sola”, una frase asociada históricamente a la hinchada del club inglés Liverpool.
Cristina Kirchner, de 72 años, se encuentra bajo prisión domiciliaria luego de que el pasado 10 de junio la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena dictada en la causa conocida como “Vialidad”. El máximo tribunal confirmó el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que en noviembre había ratificado la sentencia contra la exmandataria.
La condena establece seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarla responsable del delito de defraudación al Estado a través de contratos de obra pública durante sus gobiernos. Además, la sentencia incluye el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.