Cruces por ley que limita la responsabilidad del Estado

La oposición criticó que la cuestión no se zanjara dentro del nuevo Código Civil y coincidió en que el gobierno busca una "autoamnistía" para sus funcionarios.

A la vez, los bloques antikirchneristas cuestionaron que la Nación "invite a adherir" al proyecto a las provincias, al considerar que podría haber reglamentos diferentes para casos similares dentro del país.

La sesión especial en la Cámara baja comenzó pasadas las 14. La diputada oficialista Diana Conti, miembro informante del FpV, defendió la iniciativa y consideró que está "protegiendo al Estado de la ambición depredadora de la industria del juicio". Conti explicó que a partir de la sanción de la ley, el Estado no estará regido por las disposiciones del Código Civil y sólo cabrá responsabilidad a "cuando haya un incumplimiento jurídico expreso", con un daño real.

"No habrá responsabilidad cuando el Estado tiene una responsabilidad genérica, como dar seguridad o en el mar, porque para eso están los bañeros", detalló la legisladora.

En el caso de los servicios públicos, Conti aclaró: "Como las concesionarias no son cuadros de la administración estatal, serán ella las que deberán reparar daños".

No obstante, señaló que tendrá responsabilidad el Estado en el caso de que se hubieran elegido las prestadoras de forma fraudulenta o sin diligencia.

Por la UCR, el diputado Juan Pedro Tunessi consideró que quedará "una responsabilidad lavada, que protege más a los funcionarios que a las personas".

"El plazo de dos años de proscripción para demandar al Estado es una vil inmunidad para proteger a los funcionarios", enfatizó (aunque el oficialismo cambió el dictamen y subió a tres años el plazo para demandar).

A su turno, el legislador del PRO, Pablo Tonelli, evaluó que este proyecto "haría volver al país 100 años atrás en la lucha por la responsabilidad de los funcionarios".

"Esta ley no va a servir para hacer al Estado más responsable, sino para hacer irresponsables a los funcionarios que se equivocan en su tarea y que por negligencia, culpa o dolo provocan un daño", sostuvo el macrista.

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, en tanto, afirmó que si se aprueba esta norma "va a ser declarada inconstitucional", al tiempo que indicó: "Estamos asistiendo al quiebre del estado de derecho".

"Esta ley es profundamente injusta", subrayó la legisladora y señaló que está dirigida "al Ministerio de Planificación Federal".

Además, dijo que forma parte del "acuerdo" que denunció entre el gobierno y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que en principio -según Carrió- había sido por la ley de Medios. "Esta ley es parte del pacto", enfatizó la diputada nacional y se quejó porque se trata de una "autoamnistía".

El titular del bloque PRO, Federico Pinedo, aseguró que el proyecto tiene "un impacto en los derechos humanos" y advirtió que "los que ejercen el poder van a usar ese poder para no resarcir el daño" que pueden causar por un incumplimiento en la función pública.