Debaten un nuevo régimen para las excarcelaciones

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunirá mañana desde las 15 para debatir el proyecto que en la Cámara baja impulsó el radical Luis Petri; y que allí sólo fue apoyado por el oficialismo y por el Frente Renovador, ya que el kirchnerismo lo cuestionó duramente y lo votó en contra.

En el Senado, en cambio, la iniciativa cuenta con el acuerdo de todos los sectores, de tal manera que el miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantendrá una reunión con las autoridades de la Cámara y con referentes del Interbloque Cambiemos y del Frente para la Victoria para tratar de acelerar la sanción del proyecto de ley.

El apuro por debatir un asunto que permanece en el Senado desde fines de noviembre del año pasado tiene sus raíces en el crimen de la joven Micaela García, a manos de Sebastián Wagner, quien había sido excarcelado por un juez de Entre Ríos tras cumplir sólo dos años, de su condena de nueve, por dos violaciones.

El nuevo régimen suplirá al que impera en la Justicia desde 1996 que, entre otros aspectos, no considera vinculantes los informes de conducta del reo para que el juez defina su excarcelación temprana.

El proyecto que se pondrá a discusión prohíbe las salidas transitorias y los regímenes de semi-libertad a imputados por homicidio simple, homicidio agravado por el vínculo, por odio racial, por crear un peligro común, en concurso de dos o más personas, a miembros de fuerzas de seguridad, por violencia de género o para causar sufrimiento a un tercero.

También están incluidos en la lista todos los delitos contra la integridad sexual, tanto a mayores como a menores, y la violación seguida de muerte, además del robo con armas cometido en poblado y en banda.

Tampoco podrán gozar de un régimen de excarcelación anticipada quienes hayan sido condenados por tortura seguida de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo, sometimiento a situación de esclavitud, terrorismo, delitos contra el orden financiero, el narcotráfico y delitos aduaneros.

Están excluidos del régimen de salidas transitorias quienes posean una causa abierta y los reincidentes. El proyecto indica que el desempeño del condenado en actividades que realice mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, lo que resultará relevante a la hora de recibir algún beneficio de libertad anticipada.

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Las decisiones para la progresividad del régimen penitenciario serán tomadas por el responsable técnico- criminológico del establecimiento, el director del lugar y el director del régimen correccional.

El juez de ejecución penal deberá tomar en cuenta cada uno de los informes, que serán vinculantes con la decisión de iniciar al reo en el régimen de salidas anticipadas. La víctima, además, debe ser informada y expresar su opinión cuando se decidan las salidas transitorias del imputado, mientras que el juez que haga caso omiso de ello incurrirá en “falta grave”.

Los delincuentes, al ingresar al establecimiento correccional, deberán ser evaluados psicológicamente para individualizar el tratamiento que deben

seguir en la cárcel.

Además, para poder ingresar en un régimen de “pre-socialización”, el interno deberán poseer buena conducta, no haber sido sancionado, trabajar con regularidad y cursar estudios.

El Servicio Penitenciario corroborará el domicilio del imputado en el caso de que sea beneficiado con la posibilidad de dormir fuera del establecimiento.

Se prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios y se asegura de que no puedan ser utilizados celulares que puedan ser ingresados de contrabando, ordenando el bloqueo de las señales telefónicas.

Quieren medir la responsabilidad de los jueces

En medio de la conmoción generada a causa del crimen de Micaela García perpetrado por Sebastián Wagner, quien estaba preso luego de haber violado a dos mujeres y fue liberado por el juez Carlos Rossi, el Senado de la Nación se reunirá esta semana para tratar, con carácter de urgente, la odificación a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

La senadora nacional Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) solicitará que, al mismo tiempo, se trate un proyecto de ley de su autoría para que nuevamente se implemente la responsabilidad civil sobre los fallos de los magistrados.

“Con la implementación del nuevo Código Civil, el kirchnerismo eliminó la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, aduciendo que se trataba de un derecho administrativo provincial.

Luego se votó una ley nacional que le devolvió dicha responsabilidad sólo a la Administración Pública Nacional, dejando fuera a los jueces. Por lo tanto, voy a presentar un proyecto de ley para que nuevamente los fallos de los magistrados generen responsabilidad civil. Así, los jueces se cuidarán mucho más de permitir liberacioneso permisos sin que correspondan”, explicó la presidenta del bloque Frente Pro en la Cámara alta.

Laura Rodríguez Machado señaló que “las restricciones que sancionaremos en el Senado limitan el acceso al período de prueba de la libertad condicional y asistida, establece mayores exigencias en la conducta, más tiempo de condena cumplida y dispone que las salidas transitorias sean siempre supervisadas.

Si bien estas medidas permiten ejercer un mayor control sobre las salidas transitorias y libertades condicionales, es necesario también que los jueces asuman la responsabilidad por las decisiones erróneas que tomen en relación a estos beneficios de los condenados”.

Por último, la senadora Laura Rodríguez Machado adelantó que “pediré que la iniciativa que propongo, sea tratada al mismo tiempo que la modificación restrictiva que ya viene con media sanción de la Cámara de Diputados”.

El Frente Renovador cruzó a Raúl Zaffaroni

Luego de que el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, acusara al líder del Frente Renovador Sergio Massa de “frenar en 2012 el anteproyecto del Código Penal” mediante el cual el asesino de Micaela García podría haber sido “peritado con varios equipos de peritos”, desde el espacio del diputado criticaron al ex magistrado al sostener que “se eliminaba como delito independiente la violación seguida de muerte y borraba el femicidio como agravante”.

Así lo sostuvo el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense y asesor de Massa en temas de seguridad, Ramiro Gutiérrez, quien agregó: “No hay que olvidarse que el Código de Zaffaroni que le encargó Cristina Kirchner tenía puertas giratorias ocultas para los funcionarios públicos acusados de corrupción”.

“Zaffaroni miente en su afirmación respecto del caso Micaela, ya que en su Código Penal no sólo eliminaba como delito independiente la violación seguida de muerte, sino que borraba el femicidio como agravante del homicidio”, dijo.

El sábado, Zaffaroni brindó una entrevista a FM La Patriada y recordó que en 2012 “se organizó una comisión por decreto para redactar un anteproyecto del Código Penal” y “Massa, con una falta de escrúpulos nunca vista, logró frenar este proyecto en una muestra de lo trepador que es”, por lo que si “no hubiese hecho eso, lo que pasó con Micaela no pasaba, porque hubiesen tenido que peritar al asesino con varios equipos de peritos”.

Gutiérrez, al respecto, sostuvo que “la gran diferencia entre el código de Massa y el de Zaffaroni, es que este último lo redactó junto a Cristina, y los delitos cometidos por funcionarios públicos corruptos prescribían; es decir, las causas morían con el tiempo”.

“En cambio, el de Massa crea (tipifica) los delitos de corrupción, mega corrupción y desfalco público, y son todos imprescriptibles, o sea que un juez puede perseguir un funcionario corrupto hasta el último de sus días”, aseguró Gutiérrez.