
Uno de ellos fue arrestado cuando deambulaba en la zona del microcentro porteño y el otro, mientras dormía en un cajero automático. El Gobierno identificó a 17 personas por su presunta participación en los incidentes del último miércoles.
La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a otro de los manifestantes acusados de protagonizar destrozos y ataques con bombas molotov frente al Congreso, mientras se debatía la Ley de Reforma Laboral en el Senado. Se trata de Matías Enzo Roldán, uno de los identificados por el Ministerio de Seguridad nacional como partícipe de los incidentes que se registraron el miércoles pasado.
Roldán, alias “Tucumano”, tiene varios antecedentes por delitos contra la propiedad, entre otros. Fue reconocido mientras deambulaba por la calle Montevideo al 300, en el microcentro porteño. Así, se convirtió en el segundo de los arrestados, tras la aprehensión de N.G.B, que fue ubicado mientras dormía dentro de un cajero automático en el barrio de Belgrano. Este sujeto, de 31 años, también cuenta con antecedentes penales, y vestía la misma ropa que se observa en las imágenes de los incidentes.
La detención se concretó menos de 48 horas después de los disturbios que se desataron en los alrededores del Congreso mientras se debatía el proyecto de reforma laboral, y en los que grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, arrojaron bombas molotov, piedras y provocaron destrozos.
El Ministerio de Seguridad de la Nación también informó que identificó a un total de 17 personas presuntamente vinculadas a los actos de violencia frente al Palacio Legislativo. La lista de identificados, difundida por la ministra Alejandra Monteoliva, incluye a varias de las personas que, según las autoridades, participaron en la fabricación y lanzamiento de artefactos incendiarios caseros y en la confrontación directa con los efectivos.
En ese contexto, el Gobierno presentó una denuncia penal por terrorismo contra los responsables de los incidentes, basándose en la calificación de los hechos como atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, lesiones graves, daños y resistencia a la autoridad, agravados por el uso de explosivos caseros y la intención de generar temor en la sociedad.
Las imágenes que circularon durante y después de la protesta muestran cómo varios manifestantes improvisaron botellas con combustible y elementos inflamables, que luego fueron arrojadas contra los efectivos de seguridad que custodiaban el Congreso, generando focos de fuego y escenas de violencia en las calles aledañas.
La Ley Antiterrorista que pretende aplicar la administración libertaria incorpora penas agravadas para quienes cometan delitos con el objetivo de sembrar terror en la población o de obligar a autoridades públicas a tomar decisiones. La calificación de terrorismo implica una investigación federal, detenciones sin excarcelación inmediata y penas más severas, lo que marca un cambio drástico respecto de la habitual tipificación de estos delitos como simples daños o atentados contra la autoridad.