El Congreso prepara medidas ante la polémica de los pasajes

Otros sectores donde no hay dependencia del voto suelen resistirse a los cambios; la justicia es un ejemplo claro. Por más que esté en el último escalón de la consideración pública -según una encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, es el poder que menos confianza despierta en los argentinos, con apenas un 11,7%-, sigue resistiéndose a los cambios.

Es lógico entonces que el Poder Legislativo, por más corporativo que sea, no pueda soportar la presión generada ante datos que revelen discrecionalidad o actitudes legales pero polémicas. Es lo que pasó con la difusión de un informe sobre los canjes de pasajes de los diputados nacionales.

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El trabajo que encendió la polémica fue elaborado por la fundación Directorio Legislativo, que accedió a través de pedidos de acceso a la información pública a un detalle concreto sobre el uso de los pasajes. Estaba cantado que algún efecto tendría la polémica, porque una cosa es que la cuestión transite un terreno escarpado, pero sin referencias puntuales -y por lo tanto casi abstracto-, y otro cuando hay nombres y apellidos, y el enojo encuentra así destinatarios directos.

Argentina es un país federal y los representantes del pueblo deben movilizarse semanalmente a Buenos Aires para cumplir sus tareas legislativas. En consecuencia tienen un gasto considerable en pasajes y deben pagar la vivienda que habitan durante los días que están en Capital Federal. El Congreso se ocupa de costear los viajes.

Por tratarse de cámaras distintas y autónomas, hay diferencias de montos y hasta en los mecanismos. En el caso de los diputados, cuentan mensualmente con 20 tramos aéreos, por valor de $1.350 pesos cada uno, y otros tantos terrestres, que equivalen a $650. En el Senado, los pasajes aéreos son 20 también, en este caso por $3.500 y hay 10 tramos terrestres, por $240 cada uno.

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No debería haber mayores cuestionamientos: no solo los legisladores necesitan viajar, también sus colaboradores hacen uso de los mismos. Hay además quienes los facilitan a terceros. La cuestión y la polémica pasan porque quienes no utilicen esos pasajes pueden canjearlos por dinero, lo que implica un aumento encubierto para los que pueden hacerlo y lo hacen, por montos que además no tributan ganancias.

De tal manera, si los legisladores canjearan la totalidad de sus tramos podrían percibir un monto adicional mensual de $40.000, de modo tal que pueden llegar a percibir 480.000 pesos anuales por ese único concepto.

Las autoridades de la Cámara baja aclaran que han instrumentado medidas que permitieron hacer ahorro. Destacan por ejemplo que en septiembre de 2017 se puso fin al sistema de “aerocheques”, una cuponera impresa de la que disponían los legisladores. Hoy en cambio los pasajes deben ser gestionados de modo online, por medio del Sistema de Administración de Pasajes para Diputados y Autoridades. Además, los tramos no utilizados vencen al final de cada mes, lo que impide que los diputados puedan llevarse grandes montos al finalizar sus mandatos.

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El informe de Directorio Legislativo mostró que, a diferencia del decrecimiento del monto de canjes observado en años anteriores, en 2017 el total canjeado aumentó en un 41% respecto de 2016. El trabajo refiere al período comprendido entre 2013 y 2017, en el cual los canjes de tramos terrestres superaron levemente los aéreos, siendo más marcada esa diferencia en 2017.

Pero el detalle más jugoso del informe consistió en certificar quienes fueron los diputados que más pasajes canjearon por dinero durante el período analizado. Previsiblemente fueron legisladores de la provincia de Buenos Aires, más algunos de Capital Federal. En ambos casos se les asigna la misma cantidad de pasajes que a los del interior del país, con la diferencia de que no tienen que volar, como quienes residen en las provincias.

En 2015, el que más dinero percibió en concepto de canje de pasajes fue Héctor Recalde (FpV-PJ), con $316.002. En segundo lugar aparecen otros tres bonaerenses, el kirchnerista Carlos “Cuto” Moreno, Alberto Roberti (Frente Renovador) y la macrista Gladys González, más Elisa Carrió (CC-ARI/CABA), quienes percibieron $231.600.

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En 2016 los nombres se repiten: los que más canjearon fueron Carlos “Cuto” Moreno, Gladys González, Alberto Roberti y Elisa Carrió, a los que se sumó el también bonaerense Rubén Giustozzi (Social Cristiano), quienes percibieron $273.000 cada uno.

2017 es el último año reflejado, y ahí se reiteran los nombres de Elisa Carrió y Alberto Roberti, pues los otros dejaron la Cámara. En ambos casos, percibieron $355.800; seguidos por la porteña kirchnerista Nilda Garré ($353.100). Luego figuran el radical bonaerense Miguel Bazze ($340.730) y la diputada del PRO bonaerense Paula Urroz ($331.890).

Sólo 10 de los 257 diputados no canjearon pasajes por dinero en efectivo durante 2017. Son los diputados Nathalia González Seligra (PTS-FIT/Buenos Aires), el radical Daniel Kroneberger (La Pampa), la catamarqueña Orieta Vera González (CC) y el neuquino Sergio Wisky (PRO). A ellos hay que sumar a los diputados Romina Del Pla (FIT-Buenos Aires), Alejandro García (PRO-CABA), Carmen Polledo (PRO-CABA), Luis Contigiani (PS-Santa Fe), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) y Nicolás del Caño (PTS-Buenos Aires), pero estos asumieron recién en diciembre pasado.

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Cuando el Presidente de la Nación se hizo eco del tema y expresó su desagrado, ya estaba claro que se pondrían en marcha medidas para apaciguar los ánimos. Las autoridades de Diputados ya tienen decidido que los legisladores de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, que son precisamente los que figuran al tope en materia de canje de pasajes, queden exceptuados del sistema. A ellos se les eliminarían los pasajes aéreos, pero trascendió que habría una compensación a través de viáticos para esos legisladores, en tanto que los del interior deberían rendir un detalle de sus movimientos.

En el Senado también elaboran medidas, pero ahí el oficialismo es minoría y los cambios son más difíciles de consensuar. A diferencia de Diputados, los pasajes no vencen a fin de mes, y por ejemplo una resolución firmada el 29 de diciembre pasado extendió hasta el 31 de marzo del presente año la posibilidad de canjear pasajes no utilizados.

Así, según reveló el diario La Nación, María Laura Leguizamón (FpV-Buenos Aires) canjeó 181 tramos terrestres y 38 aéreos no utilizados en 2017, que le permitieron hacerse de $172.678; Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal-San Luis), 10 tramos terrestres y 9 aéreos, $33.000; y Sandra Giménez (Frente Renovador de la Concordia-Misiones), cuyos 107 tramos terrestres no utilizados le posibilitaron sumar $25.680.

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Las medidas adoptadas en Diputados no tendrían sentido en el Senado. La eliminación de pasajes en la Cámara baja alcanzará a 95 de los 257 diputados, o sea un 37% del Cuerpo, mientras que en el Senado solo serían 6 sobre 72 (8%). Por eso el esquema analizado allí es establecer un monto fijo para gastos de movilidad que no contemplaría la posibilidad de hacer más canjes por efectivo.

En una y otra cámara las autoridades tienen potestad para hacer los cambios necesarios, pero por tratarse de organismos políticos, deberán consensuar. En Diputados ya se escucharon voces de resistencia, que le enrostraron a Macri haber canjeado sus pasajes cuando fue diputado. En rigor, no hay información sobre su año y medio como legislador, allá por 2006/2007. También advierten sobre “un ataque al Congreso”, que es donde “se encuentran los opositores.

Veremos entonces hasta donde llegan las resistencias y los cambios.