Tras la dura derrota del oficialismo en Diputados, las iniciativas por la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario llegaron al Senado.
Los rechazos a los vetos presidenciales sobre la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario ingresaron al Senado, que prevé discutirlos en el recinto durante la primera semana de octubre. Se trata de un nuevo capítulo en la pulseada entre el Congreso y el Ejecutivo, luego de que la Cámara de Diputados impusiera una dura derrota al presidente Javier Milei.
En la sesión del miércoles, la oposición logró mayorías holgadas para insistir con ambas normas. La emergencia pediátrica, centrada en la situación del Hospital Garrahan, fue aprobada con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. En tanto, el financiamiento universitario cosechó 175 respaldos, frente a 67 rechazos y dos abstenciones.
El dato más relevante fue la fractura dentro del PRO: varias diputadas y diputados del espacio que lidera Mauricio Macri se desmarcaron del oficialismo y acompañaron los proyectos. Entre ellos, Silvia Lospennato, cuyo discurso marcó la desorientación interna del partido amarillo.
La tensión también se trasladó al Senado. Allí, el rechazo al veto presidencial sobre la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) reunió esta semana 59 votos afirmativos, tres más que en la media sanción de julio, mostrando la creciente debilidad del oficialismo.
Con este escenario, la Casa Rosada afronta un panorama complejo: el Congreso avanza en leyes que Milei había bloqueado, mientras la oposición gana cohesión y el oficialismo sufre nuevas grietas internas.
Propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la OPC, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.
El primer artículo declara por un año la “emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales” debido a la “grave situación” que atraviesa el sistema de salud. De acuerdo con el texto, mientras dure este período, los programas de salud infantil y adolescente deben tener prioridad en la asignación presupuestaria.
La ley también especifica que tiene como objetivo asegurar el funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica, garantizar el acceso equitativo a las prácticas de alta complejidad para toda la población “que reside en cualquier parte del país, independientemente de su cobertura social”, y mantener la continuidad de los sistemas de residencias médicas y de formación de profesionales.
En tanto, establece la asignación “prioritaria e inmediata” de recursos para la atención pediátrica, incluyendo insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y tecnologías. Además, exime al personal de salud del pago de Ganancias por horas extras, guardias o actividades críticas, y garantiza la recomposición salarial de quienes atienden a niños.
“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023″, agrega el texto en su artículo 3.
En relación al Hospital Garrahan, se lo declara como centro de salud de “referencia nacional” en la atención pediátrica de alta complejidad y se garantiza su “funcionamiento pleno y sostenido”. Además, la ley establece que el Poder Ejecutivo debe reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud, autoridad encargada de implementar la normativa.
El artículo 7 crea una comisión encargada de emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley. Finalmente, se prevé la derogación de la resolución 2.109, que regula el sistema de residencias.
Esta última normativa, publicada en julio, introdujo un sistema de elección optativa para quienes cursan el tramo final de su formación, permitiendo que cada residente decida bajo qué modalidad continuar. No obstante, también modificó sus condiciones laborales, transformando su relación de empleo en una de becario.
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