El Gobierno disuelve Vialidad Nacional: cómo queda el área de transporte

"La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada", afirmó el portavoz, en una conferencia de prensa convocada al filo de que venzan los superpoderes que el Congreso le otorgó al gobierno nacional a través de la Ley Bases. También adelantó que el Ejecutivo avanzará en la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, “tras décadas de despilfarro y corrupción que se vieron degradadas como nunca antes en la historia”.

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La disolución de Vialidad, dijo Adorni, significará un ahorro anual de 100 millones de dólares.

Una vez publicado el decreto, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). "Pasará a denominarse Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en cuanto a normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales", explicó Adorni.

Actualmente, la Dirección Nacional de Vialidad cuenta con 5.184 agentes: 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes están asignados a los 24 distritos viales. Desde el Gobierno indicaron que la disolución de este organismo generará un ahorro anual de 100 millones de dólares. Sus funciones serán distribuidas entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas.

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) dejará de funcionar como tal, reducirá considerablemente su alcance y gasto y pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) distribuirá sus funciones entre la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Gendarmería Nacional.

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En el momento de justificar los cambios, el vocero se refirió a la causa Vialidad, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. "No se construyeron las rutas y la plata se la quedaban igual", sostuvo Adorni, tras recordar que la Justicia halló "maniobras fraudulentas" mediante la "adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelanto financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos".

Asimismo, Adorni destacó el uso que el Gobierno le dio a las facultades delegadas por el Congreso. "En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que, al usarlas, el presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad", consideró el portavoz.

"La motosierra en lo que respecta a nosotros es infinita. Y ameritaba que contemos todo lo que se hizo en este último año en virtud de las facultades delegadas", agregó.

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Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró las transformaciones implementadas por el Gobierno: "Ustedes saben que Javier Milei tiene una frase que dice, que prefiere una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Y entonces yo les digo: ¿ustedes prefieren un presidente que habla suave y viola la Constitución, o prefieren un presidente aguerrido pero que la cumple?”.

"Este uso que ha hecho el gobierno de las facultades delegadas destaca por su apego a la Constitución", finalizó.