El Gobierno está dispuesto a ponerle su peor cara a la CGT

Los cambios en el Ejecutivo se conocieron apenas tres horas después que Mauricio Macri encabezara un acto con jóvenes que accedieron a un primer empleo en la tecnológica Accenture. Aunque en su discurso hubo una tibia respuesta a la movilización cegetista -”no sirve para nada”, dijo-, en paralelo se tejía la dura embestida. Algo así como lo que se anticipa para el futuro vínculo con la central obrera: seguirá el diálogo con una CGT cuya unidad “está atada con alambre” y se avanzará en acuerdos por sector, pero “va a haber mayor control y quien esté fuera del reglamento será penalizado”. Los designados Horacio Pitrau, de viceministro, y Sergio Taricco, para el manejo de la obras sociales sindicales, tienen un perfil más aguerrido. El ministro Jorge Triaca, que tenía una fría relación con Sabor, salió fortalecido con los cambios.

Cabeza de turco

El desplazamiento del técnico de Guillermo Badino por el recorte a pensiones para discapacitados fue la excusa para trasladar esa área desde Desarrollo Social hasta Presidencia donde será controlada por Gabriela Michetti. Más allá de la apetencia de la vicepresidente por controlar un área que se interponía con su Programa Nacional de Discapacidad, puertas adentro Badino es considerado “un cabeza de turco” del escándalo por la poda de los beneficios. Su salida -mentirosa porque acompañará la transición del traspaso hasta fin de año y luego continuará orbitando dentro del ministerio- buscó por un lado blindar a la ministra Carolina Stanley -que nunca tuvo control sobre el recorte- y quitar responsabilidad al factótum de la medida: el vicejefe Mario Quintana, uno de los “ojos” de Macri que pugna por achicar el déficit fiscal.

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Aunque en Desarrollo Social perjuran que la cancelación de la reunión con las organizaciones sociales se debió a “problemas de agenda” de los funcionarios, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, desconfía de esa versión y la vincula como respuesta a la participación en la marcha del martes. El encuentro fue postergado para el próximo viernes a las 8. “No hubo nada raro. Vamos a avanzar en la Emergencia Social, no en la Emergencia Alimentaria que es un juego político que tienen para no quedarse sin demandas”, avisan desde el histórico edificio de la 9 de Julio.

Los incidentes con bombas molotov y quema de bidones con nafta frente a dependencias públicas de La Plata y Lomas de Zamora dieron letra al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo para volver a señalar a las “mafias” que buscan generar zozobra ante las reformas encaradas en la Policía o la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante la administración de María Eugenia Vidal. Pero tampoco descartó que hayan sido grupos que reclamaban por la aparición del artesano pro mapuche Santiago Maldonado.

La lucha contra las mafias ha sido uno de los ejes del oficialismo en la campaña electoral que promete reforzar de cara a las generales del 22 de octubre.

Es en este marco que este diario pudo saber que un funcionario vinculado a la ampliación de los créditos Argenta para beneficiarios de AUH fue amenazado cuando fue visitado por directivos de una de las tantas financieras que tienen base en las adyacencias de las estaciones ferroviarias y en calles céntricas del GBA que ven peligrar su negocio: los préstamos del estado tienen una tasa del 24% mucho menor a los intereses usurarios de los privados.

A este clima enrarecido no lo ayuda que el estado aún no de respuestas claras a la familia y a las organizaciones de DDHH que reclaman por la aparición de Maldonado, quien fue visto por última vez el 1ª de agosto durante el desalojo de una protesta mapuche en Chubut por parte de Gendarmería.

Error no forzado

Aunque a los pocos días los allegados al artesano acusaron a los gendarmes por su desaparición, el gobierno minimizó el tema y descargó en la justicia la responsabilidad de la búsqueda. No se conoció públicamente una auditoría interna del Ministerio de Seguridad hacia los jefes y agentes de la fuerza federal que intervinieron en el operativo que expusiera los argumentos del estado para “negar” que se tratara de una desaparición forzada, hipótesis que desde esta semana comenzó a investigar el juzgado federal de Esquel. La ministra Paticia Bullrich sigue resistiendo que sea esa la única línea que oriente la pesquisa.

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Como lo ocurrido con la causa por la deuda del Correo de la familia Macri, cuando primero se minimizó el tema y diez días después la magnitud del escándalo obligó al presidente a dar una conferencia de prensa, este hecho podría convertirse en un boomerang contra el gobierno. En un año electoral, parecería otro error no forzado.

Entre martes y miércoles próximo se conocerán los resultados de las PASO bonaerenses y ya en el oficialismo reconocen como ganadora a Cristina Kirchner “por algunos votos”. Los números que difundirá el juzgado federal de La Plata darían una ventaja de 0,5% para la ex presidenta.

En el Instituto Patria anticipan un festejo mesurado y que el calibrado ninguneo oficial busca obviar que “por un voto puede entrar al Senado Jorge Taiana en lugar de Gladys González”.

De cara a octubre, Cristina buscará seducir a los votantes de la lista de Florencio Randazzo y de los espacios de izquierda (en la semana se reunió con los ex trabajadores de Pepsico). Y pese a los números difundidos por el gobierno sobre un atisbo de recuperación económica -en junio el salario real creció 7% y un 0,8% el empleo privado-, la viuda de Néstor Kirchner seguirá machacando contra un modelo que considera “inviable” y al que emparenta con el “Rodrigazo” de mediados de los ‘70.

En privado, la ex presidenta considera que hay un espacio opositor vacante que debe llenar para evitar la profundización del ajuste. Se queja de las “tarifas impagables” y que hasta ella se sorprende por las cifras de la boleta de agua corriente porque debe pagar 3 mil pesos por su departamento de Recoleta. “Pagaba 160 pesos al irme de gobierno, era poco, pero no tiene relación la factura actual”, suele decir, mientras que su hija Florencia abona 800 pesos por ese servicio en su casa de Constitución.

También hará foco en la pérdida de “garantías individuales” que, considera, se hace visible con la desaparición de Maldonado.

Serán casi dos meses de campaña en los que tanto en Cambiemos como en Unidad Ciudadana coinciden habrá un final “peleado”. Con todo, la simbólica victoria en la provincia de Buenos Aires ordenará la política de cara a 2019 cuando deba elegirse presidente