El Gobierno saca ventajas de un justicialismo fracturado

Más allá de la conmoción política originada por la batería de procesamientos dispuesta por el juez Claudio Bonadio por la causa del Memorándum con Irán, en la que incluso pidió el desafuero y detención de Cristina Kirchner, al oficialismo lo ayuda la flamante composición de los bloques legislativos que le garantizar un peronismo fracturado y, en Diputados, constituirse por primera vez en la primera minoría.

Cambiemos sumará en la cámara baja 107 diputados y quedará a 22 de lograr el quórum propio, situación que lo obligará a negociar con el disminuido bloque massista y la segunda fuerza, el peronismo no cristinista. En la cámara alta, en tanto, el oficialismo aún negocia su integración pero tiene chances de alcanzar las 25 bancadas.

En el Senado la ex presidenta finalmente quedó “aislada” en Unidad Ciudadana luego que Miguel Angel Pichetto conformara un interbloque peronista de 25 miembros -denominado Argentina Federal- con el aval de los gobernadores. “Es una lástima que Pichetto le haga perder la mayoría al peronismo. Es funcional al gobierno. Y fuimos elegidos para ser opositores”, cuenta una fuente kirchnerista.

El rencor no afloja

Cerca de Cristina no afloja el rencor hacia el legislador rionegrino por más que éste haya confirmado que su espacio no votará a favor del desafuero ordenado por Bonadio. No es, en verdad, un favor a la viuda de Néstor Kirchner: el bloque mayoritario de la cámara alta tampoco apoya la expulsión de Carlos Menem que tiene doble condena por tráfico de armas. “Condena firme”, esgrime Pichetto para abrir la puerta del Senado. En este último caso solo faltaría la confirmación de la Corte Suprema; en el caso de la ex presidenta aún no pesa sobre ella ninguna sentencia.

Otro tema que dista de una solución es la desaparición del submarino ARA San Juan que obliga cada semana a los popes de la comunicación del gobierno a recalcular la estrategia: de hecho durante varios días amagaron con difundir un mensaje presidencial grabado luego que la Armada confirmara que ya no buscan a los tripulantes con vida.

Esas dudas reflejan la intención del Ejecutivo de evitar pagar el costo político por semejante drama: con los días se irá apaciguando la épica del “operativo naval más grande desplegado en el Atlántico Sur” y sólo podrán utilizar como defensa las sospechas por supuestas “coimas” pagadas durante la reparación de ‘media vida’ en 2014. Pero, sin dudas, se harán oír los cuestionamientos de las querellas de los familiares asentadas en el juzgado federal de Caleta Olivia, que seguramente apuntarán a cuál era el estado del buque antes de zarpar de Mar del Plata y cuánto dinero fue invertido en su mantenimiento en los 2 años que lleva la administración Cambiemos.

El supuesto ocultamiento de información de la Armada al ministerio de Defensa tendrá su correlato con el cambio de las cúpulas que el Ejecutivo dispondrá hacia fin de año y habrá que estar atento al mensaje de Mauricio Macri durante el egreso conjunto de los oficiales de las tres fuerzas que se realizará en pocos días.

Respeto y dolor

Finalmente el cuestionado ministro de Defensa, Oscar Aguad, tuvo que poner la cara con los familiares de las víctimas y días más tarde dio una entrevista en que confirmó la triste noticia. Macri, por su parte, desistió de enviar condolencias y aprovechó una visita a Entre Ríos para acercarse a los micrófonos y pedir a la sociedad “bajar la ansiedad” por saber qué generó el colapso de la nave y, al mismo tiempo, “ser respetuosos del dolor de los familiares” de los marinos.

Una estrategia similar utilizó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que en un gesto inusual el último jueves visitó la sala de Periodistas de Casa Rosada, para “contestar”’ las duras críticas que minutos antes había proferido Cristina Kirchner contra Mauricio Macri a quien acusó de orquestar la persecución judicial en su contra que terminó con el procesamiento de Bonadio.

En esa oportunidad Peña garantizó que en el país rige el “estado de derecho” en momentos en que arribaban a plaza de Mayo las primeras columnas de grupos kirchneristas y de izquierda que marchaban contra “la persecución de opositores”.

“Tenemos que acostumbrarnos como sociedad a vivir en este contexto en el que todos somos iguales ante la ley”, disparó el ministro coordinador.

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En verdad, en el seno del gobierno las detenciones dispuestas por Bonadio, que incluyó al ex candidato a vicepresidente Carlos Zannini y el dirigente social Luis D’Elía, no sorprendieron pero sí generaron cierto recelo por los fundamentos de la prisión preventiva, los mismos utilizados para el apresamiento de Amado Boudou por otro magistrado, esto es la posibilidad de interferir en el proceso judicial por ocupar o haber ocupado puestos de relevancia en el Estado.

El anunciado ajuste de la política, con el que el gobierno busca reducir unos 650 cargos jerárquicos dentro del Gabinete, genera roces entre quienes comandan ese plan -el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el titular de Modernización, Andrés Ibarra- y el resto de los ministros. La idea, afirman, es dar un gesto de austeridad y reducir un 20% la masa salarial de la denominada alta administración pública. En lo que no hay acuerdo es en el plazo de la puesta en marcha: mientras que en lo más alto del Ejecutivo lo piensan para el 1ª de enero, ministros como Jorge Triaca y Juan José Aranguren admitieron, de paso por Casa Rosada, que los reacomodamientos recién se observarían en febrero próximo.

Mariana y Delfina

Por cierto, el titular de la cartera laboral quedó envuelto en la polémica al conocerse la designación de su hermana, Mariana, como nueva directora del Banco Nación. Contadora, con pasado laboral en una financiera de zona norte, desde diciembre de 2015 se desempeñaba como asesora del Nación pero igualmente su caso recordó el de Delfina Rossi, la hija del entonces ministro de Defensa kirchnerista, que esta semana, en diálogo con este diario, no se privó de chicanear al gobierno: recordó que en 2015 cobró durante sus 4 meses de gestión casi $75 mil ‘la mitad’ de lo que pasará a percibir Mariana Triaca. “Hay varios funcionarios que tienen familiares en el estado. Pero en este caso se suma una más: ya trabajaban en el gobierno la esposa y la otra hermana de Jorge”, azuzó una fuente gubernamental que conoce muy cerca la “raviolera” estatal.

Peña intentó diferenciar esta situación de lo ocurrido durante el kirchnerismo: “diferenciamos los cargos políticos donde elegimos a las personas mejor calificadas para ese rol sean o no familiares de lo que pasaba antes cuando se promovía la incorporación a la planta estatal de empleados que eran familiares por el sólo hecho de ser familiares”.

Internas subterráneas

Otras internas subterráneas arrecian en el oficialismo, generadas por las expectativas que tiene Cambiemos en 2019 de dar batalla en distritos del Conurbano gobernados por el peronismo. Con María Eugenia Vidal encabezando la boleta a gobernadora, muchos dirigentes sueñan con hacer una gran elección. Es el caso de La Matanza donde se dirime una interna entre el histórico armador del PRO, Miguel Saredi, y el titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, también precandidato a intendente. Esa tensión tuvo otro capítulo el último jueves en el Concejo Deliberante cuando Verónica Magario logró aprobar el presupuesto 2018 con el apoyo de los ediles de Saredi, es decir, el bloque de Cambiemos votó partido; los representantes de la gobernadora Vidal y de su ex ministro de Educación se opusieron al proyecto que también contempló un aumento de tasas de casi el 30%.

Esas tensiones, en todo caso, se dirimirán en los próximos meses. Aunque 2018 no será un año electoral, sí comenzará a definir a los referentes de Cambiemos en el Gran Buenos Aires donde el oficialismo intentará pisar fuerte en las elecciones de 2019: hay optimismo de sumar intendentes afines en localidades como San Martín o Hurlingham.