Es ley el blanqueo de capitales y el pago de deudas a jubilados

La oposición fue impulsada por el kirchnerismo duro, lo que marcó nuevas diferencias dentro del bloque del Frente para la Victoria. En consecuencia, ya es ley el paquete que prevé el pago de juicio a jubilados, una amnistía fiscal para conseguir los fondos para financiarlo, la creación de una pensión universal a la vejez y la exención de Ganancias del medio aguinaldo de julio, entre otras medidas.

La iniciativa tiene como objetivo pagar deudas a los jubilados por sentencias y reajuste de haberes, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el dinero obtenido del blanqueo de capitales. Además, se crea una Pensión Universal a la Vejez para mayores de 65 años; se establecen reformas impositivas y se ratifica el acuerdo entre la Nación y las provincias por la devolución del 15% de los fondos coparticipables.

La sesión especial se inició pasadas las 14 con un homenaje al ex presidente Arturo Umberto Illia al cumplirse el jueves el 50 aniversario del golpe militar que lo derrocó.

Al abrir la discusión, el senador radical Alfredo Martínez sostuvo que "debemos evitar que sigan proliferando juicios". "Uno de los objetivos del programa es bajar la litigiosidad previsional", destacó el miembro informante de Cambiemos.




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En el mismo sentido, su par Julio Cobos subrayó que el proyecto busca "terminar de hacer peregrinar a los jubilados por los palacios de Justicia", según consignó Semanario Parlamentario.

Por el contrario, María de los Ángeles Sacnun (FpV-PJ) advirtió que "esta ley tiende a llevar adelante una quita respecto a los montos de los haberes, de los valores retroactivos, de los criterios de actualización, plazos y condiciones".

Además, la senadora camporista por Santa Fe alertó que "con las políticas económicas que se están llevando adelante, se pone en riesgo la sustentabilidad del sistema".

Firmante de otro dictamen de minoría, Sandra Giménez denunció que el blanqueo está destinado a "los amigos de Cambiemos".
"Los amigos de Cambiemos que no cumplieron con su palabra, no liquidaron la soja ni repatriaron sus capitales, ahora extorsionan al Gobierno" para abrir el blanqueo, advirtió Giménez, que días atrás abandonó el bloque del Frente para la Victoria.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (PJ La Pampa) anticipó su "apoyo crítico" al sostener que "la cuestión previsional no se agota sólo en esta ley". "Una reparación histórica integral para jubilados actuales y futuros se logra con un paquete de leyes y políticas publicas", consideró.

Entre las voces más duras contra el proyecto, la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti sentenció que "este proyecto no tiene nada de reparador ni de histórico", y que en cambio significa "una extorsión al federalismo y un retroceso atroz sobre el sistema previsional argentino".

Al argumentar su posición, Sagasti aclaró que el capítulo referido a la devolución del 15% de los fondos coparticipables a las provincias debió haber ingresado por el Senado, por mandato constitucional.

Ingresó el proyecto de reforma política

El gobierno envió ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma política, mediante el cual se reemplaza el sistema de votación de papel por la Boleta Unica Electrónica (BUE). "Se propone el reemplazo del instrumento de votación para pasar de las boletas múltiples partidarias a la boleta electrónica", dice el proyecto, en sus fundamentos, y señala que "las prácticas clientelares mediante el uso de la boleta, así como la búsqueda de ventajas a través de su sustracción, o la confección de boletas apócrifas, son denunciadas elección tras elección".

La iniciativa enviada por el gobierno de Mauricio Macri, que tiene 98 artículos, prevé "la rectificación de las normas que rigen la simultaneidad de elecciones, a efectos de que en caso de adhesión de las provincias al régimen de simultaneidad, los procesos electorales se realicen con el mismo sistema de emisión de sufragio", es decir la BUE.

"Dada la naturaleza del cambio propuesto, se prevé la realización de una amplia campaña de difusión y capacitación destinada a todos los actores intervinientes en el proceso electoral. Esto incluye, para las elecciones de 2017 y 2019, la cesión por parte de los servicios de comunicación audiovisual del 1% del tiempo de su programación durante 90 días", dice el texto.

La BUE es un sistema que ya se utiliza en elecciones de Salta desde 2009 y se aplicó en 2015 en las para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: se realiza a través de la selección en una pantalla que deja registrado el nombre del candidato y que le entrega al ciudadano una impresión de su sufragio y tiene como objetivo lograr una mayor "transparencia y agilidad" en el proceso de recuento de votos y difusión de los resultados.

Por otra parte, el proyecto de la alianza Cambiemos también establece "la eliminación de las múltiples combinaciones entre agrupaciones de diferente orden, lo que se ha dado en llamar listas colectoras, como así también las candidaturas múltiples", es decir que un mismo candidato participe en elecciones presentándose por una categoría nacional y por una provincial.

La iniciativa también modifica la legislación electoral creando una serie de herramientas para que sea efectivamente cumplida, sobre todo en relación a la sanción de ilícitos y establece elecciones primarias por orden.