Facturas truchas: procesan a funcionaria de Alicia Kirchner

Se trata de la máxima autoridad educativa de Santa Cruz y quien en los últimos días se atrincheró en su oficina ante el conflicto docente por el reclamo de aumento salarial: ahora fue procesada por su desempeño en el cargo anterior y embargada en 2.000.000 de pesos.

La causa se inició a raíz de una auditoría interna tras el cambio de Gobierno, en diciembre de 2015, en el Ministerio de Desarrollo Social: se examinó la rendición de gastos entre el 1º de julio y el 9 de diciembre de ese año.

Hasta el momento, en la causa a cargo del juez Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González, se acreditó que hubo un perjuicio al Estado de 3.227.740 pesos por la presentación de facturas truchas justificando gastos por encuentros deportivos con fines sociales.

Esa suma sólo es un 41,23 por ciento de la muestra realizada del Fondo Rotatorio y por “eventos”, así como por “jornadas sociales”, la mayoría tramitadas a través de Secretaría de Deporte Social.

Tres comerciantes citados por el juez negaron haberle facturado por ciertos productos al Ministerio de Desarrollo Social e incluso confirmaron que fue adulterada la documentación atribuida a sus respectivos locales.

Eduardo Gromyko de “La Esquina del Deporte” dijo que desconocía las facturas que le fueron exhibidas y presentadas justificando gastos ante el Ministerio: se trata de seis facturas por un monto total de 1.911.270 pesos. “El modelo de factura no es el que expide el negocio”, declaró Gromyko.

También Gabriel Eduardo González, de la empresa AHP TV SRL, aseguró que el Ministerio de Desarrollo Social “no fue cliente de la empresa en el año 2014/2015: fueron cuatro facturas por unos 287.400 pesos”.

Otra de las facturas apócrifas, cuatro en total, justificando gastos por 1.129.070 pesos, fue de la empresa LMR Luis María Ragno Materiales Deportivos.

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En su descargo, Velázquez adujo que el control de la rendición de gastos estaba a cargo de equipos técnicos y no de ella, quien firmaba las mismas para agilizar el trámite y que ella estaba a cargo de otras tareas más importantes.

Canicoba Corral reprochó que el dinero del Fondo Rotatorio era para casos de urgencia y que sólo para gastos que no superaran los 50 mil pesos para cada caso individual, algo que en la práctica no se cumplió.

“Esta situación demuestra a las claras una carencia de control administrativo como así también coloca en un lugar de mucha inseguridad el dinero público que era trasladado por los empleados de un lugar a otro, atendiendo en especial que no eran cifras pequeñas y se trataba de dinero público para fines muy específicos”, señaló el juez.

“Desvío de dinero”

Y remarcó que, “sin lugar a dudas, esta falta de control fue la que permitió o al menos facilitó el desvío de dinero del erario público en beneficio propio o de un tercero”.

En ese sentido, aclaró que “el dinero público, ‘el de todos’, que en este caso fue asignado al Ministerio de Desarrollo Social para afrontar situaciones de emergencia o de excepción desaparece sin justificación”.

“Los proveedores también desconocieron los presupuestos y tampoco consta en el expediente qué persona se ocupó de adjuntarlos, porque en este caso también obra la firma de la jefa de Gabinete, la licenciada Velázquez”, indicó Canicoba Corral.

Y agregó que Velázquez, “con permisividad y descuido por la cuestión pública, admite la participación de otros actores que si bien no cuentan con la potestad del cargo, llevan adelante conductas tendientes a que se concrete el resultado dañoso”.