Política
La medida alcanza a todos los efectivos bonaerenses y las más altas jerarquías del área de Seguridad. También se dispuso que agentes y oficiales de comisarías deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales.
Al tiempo que se ordenó que todos los efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires y las más altas jerarquías del área de Seguridad, incluido el ministro, deberán realizarse exámenes toxicológicos, se dispuso que un total de 7650 uniformados, entre agentes y oficiales con responsabilidad al frente de comisarías, deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales.
Así lo informó ayer el gobierno bonaerense, que anunció que pondrá en marcha un programa denominado “Política de prevención y control del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.
En los Considerandos de la norma que establece el control toxicológico se señala que la medida se toma “dentro de la emergencia declarada en materia de seguridad pública, y como complemento indispensable del plan de reentrenamiento, profesionalización y transparencia de la fuerza”.
En ese sentido, señala la resolución que lleva la firma del ministro de Seguridad Cristian Ritondo, “deviene oportuno y conveniente implementar una política de concientización, información y control del consumo de alcohol y sustancias, para los funcionarios de este Ministerio de Seguridad y para el personal policial”.
“A través del programa se les realizarán exámenes toxicológicos a funcionarios de esta cartera y a la totalidad de los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires”, se indicó.
Según la resolución conocida ayer, la obligación alcanza al propio ministro, a los subsecretarios de la cartera de Seguridad o quienes tengan un cargo equivalente, al Superintendente General de Policía y al Subcoordinador Operativo de Seguridad.
Asimismo, se establece igual medida para el personal de la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado y a los integrantes de la Auditoría General de Asuntos Internos.
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Los exámenes se realizarán dentro de los próximos tres meses, y se espera que se extenderá paulatinamente al resto de la fuerza, incluidos sus jefes e integrantes de la Policía Local, se informó desde la cartera de Seguridad provincial.
Según se indicó oficialmente, el programa se ejecutará a través de un convenio firmado entre el ministerio de Seguridad y Fundartox, entidad presidida por Carlos Damín, especialista en Toxicología, Medicina del Trabajo y Salud Pública; Profesor Titular de Toxicología de la Facultad de Medicina UBA; Jefe de la División Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, con doctorado en la Universidad de Buenos Aires.
La medida tiene antecedentes en otros países donde se la aplicó con éxito como EE.UU. (en las agencias DEA antidrogas y FBI, de delitos federales), Honduras (Policía Nacional), Ecuador (Policía Nacional), México (diversas policías, Policía Federal entre ellas).
Según indicaron fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense, “en Argentina, la Policía de la provincia de Buenos Aires será la primera fuerza que implementará esta medida”.
En tanto, se dispuso que 7650 policías deberán presentar sus declaraciones juradas. “La obligatoriedad se extenderá a dos jerarquías inferiores a subcomisario”, señaló un comunicado del ministerio de Seguridad.
En total deberán cumplir con la obligación 7650 uniformados que revisten en la fuerza, en las jerarquías de Oficial Inspector y Oficial Principal y todos los efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, cualquiera sea su jerarquía o función.
Se trata de 2.339 Oficiales Principales (1627 efectivos de seguridad y 712 del área administrativa); 3966 Oficiales Inspectores (3305 de seguridad y 661 administrativos); 1.345 efectivos que trabajan en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.
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