Política
El fiscal Ramiro González, que lleva adelante la investigación sobre el presunto delito de lavado de dinero por parte de Stiuso, incorporó ayer un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó ayer pruebas contra el ex director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI), Antonio "Jaime" Stiuso, en una causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
La presentación de la UIF fue hecha ante la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y dicho organismo, a cargo de Carlos Gonella, la judicializó.
La Procelac llevó la denuncia ante la Justicia, concretamente, al fiscal Ramiro González, quien viene analizando una denuncia contra Stiuso por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
La denuncia contra Stiuso, involucrado ahora en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, fue realizada por el legislador porteño Gustavo Vera (bloque Bien Común), quien acusó al ex espía de ser integrante de varias empresas y sociedades, así como mantener negocios vinculados a la prostitución.
La causa quedó asignada al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal González investiga los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero e incompatibilidad de los deberes de funcionario público.
Puntualmente, ahora con la documentación aportada por la IUF, el fiscal evalúa la denuncia y en los próximos días definirá si requiere abrir una investigación.
Según indicó la presentación del legislador porteño, quien mantiene un estrecho vínculo con el Papa Francisco, Stiuso estaría vinculado a un entramado de empresas que, de acuerdo a la información que elevó el diputado, habrían sido utilizadas para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas.
En una ampliación de su denuncia, el referente de la ONG La Alameda detalló además vínculos de Stiuso con dos departamentos prostibularios en Recoleta y de los directivos de su empresa American Tape con dos boliches VIP ligados al narcotráfico y prostitución de menores.
En otro orden, funcionarios, juristas y sectores gremiales cuestionaron ayer la realización de la marcha organizada por un grupo de fiscales el miércoles pasado, al cumplirse un mes de la muerte de su colega Alberto Nisman, y coincidieron en señalar que esa manifestación constituyó "un posicionamiento político partidario" de un sector del Poder Judicial.
En este sentido, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, manifestó hoy en la ciudad de Córdoba que "los fiscales y jueces tienen que investigar e impartir justicia y no marchar para que se aclare" la muerte del fiscal Alberto Nisman y añadió que la marcha del 18 de febrero fue "utilizada políticamente por el arco opositor".
El referente de la agrupación Encuentro Militancia Judicial (de la Asociación Judicial Bonaerense), Daniel Pérez Guillén, aseguró ayer que "los trabajadores no estuvieron representados en la marcha del 18F", al considerar que el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, "no puede negar el contenido partidario de las figuras que convocaban".
"Marchamos con Piumato en los '90, pero desde que fue candidato tiene una conducta extraña. Se volcó hacia sectores conservadores que, por ejemplo, son los mismos que obstaculizaron los juicios por los delitos de lesa humanidad", explicó ayer el dirigente Pérez Guillén.
La secretaria general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación de la seccional de la Capital Federal, Vanesa Siley, denunció ayer que las trabajadoras judiciales padecen "maltrato laboral y discriminación por cuestiones de género" por parte de "los fiscales que convocaron a la marcha del pasado miércoles".
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