El frío no da tregua y las familias que no cuentan con gas de red en sus hogares siguen padeciendo las maniobras de los especuladores. A la escasez de garrafas y el consecuente aumento de precios, ahora se suma otra estafa contra los consumidores: muchos tubos de GLP de 10 kilos son rellenados con arena o agua restándole cantidad de fluido y los usuarios se quejan porque rinden mucho menos.
Las asociaciones de consumidores explican que las maniobras no son nuevas y, de hecho, existe un estudio oficial del año 2007 que había detectado menores cantidades de gas envasado en los contenedores de GLP. Lo cierto es que los mayores damnificados son los ciudadanos de bajos recursos que destinan más dinero para utilizar el servicio -el metro cúbico de GLP es más caro que el de gas natural- y encima deben soportar estas maniobras.
Las garrafas de 10, 12 y 15 kilos tienen un subsidio del Estado Nacional para que puedan ser consumidas por la población de menos recursos. Si bien el valor de la de 10 kilos fue estipulado en 16 pesos, los distribuidores y asociaciones de consumidores aseguran que el producto se comercializa entre los 20 y 40 pesos, dependiendo la zona.
Desde Aras Trujuy de Moreno, en el oeste del Conurbano, la referente barrial Ana Mochi denuncia que “sabemos que la garrafa común de 10 kilos, la que no tiene marca conocida, viene rellena con agua. Es fácil darse cuenta cuando se vacía, al agitarla. Rinde mucho menos y cuesta entre $20 y $25. Hasta la semana pasada, las que tenían una mayor duración costaban entre $35 y $40. Pero acá la situación es desesperante, porque siguen escaseando: pasan los camiones garraferos y no bajan nada sino que siguen hasta centros de distribución en El Cruce”.
A unos 25 kilómetros de allí, en la ciudad de Luján, los vecinos se quejan porque las garrafas sociales son rellenadas con arena. “Aunque comenzaron los controles del Ministerio de la Producción bonaerense, aún no se dieron cuenta que los envases también están rellenos con arena. Lo que se agrega no es sólo peso sino que resta volumen. Por ello es que a una familia de escasos recursos la compra le rinde prácticamente la mitad: ‘antes una garrafa nos duraba casi un mes ya hora apenas 15 días’”, relata un artículo del diario local El Ciudadano.
Piden mayor control
Por su parte, la senadora provincial María Isabel Gainza (Coalición Cívica), integrante de la comisión de Defensa del Consumidor de la cámara alta bonaerense, recuerda que estas adulteraciones “surgieron con el programa de la garrafa social. En ese momento las garrafas sociales pesaban menos o tenían un añadido de agua, y obviamente, tenían una menor capacidad calórica. Pero aquí la clave está en el Estado, que es quien debe ejercer el control y evitar estas maniobras. A esto se le suma el reparto poco claro de subsidios a las gasíferas. Pero el gobierno no quiere ver lo que ocurre y niega el desabastecimiento”.
Una investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), denunció la falta de controles de calidad en las unidades de gas envasado. El titular del INTI, Enrique Martínez, confirmó ante la consulta de este diario que en el 2007 “se llevó a cabo un análisis sobre el peso de las garrafas que verificó que una gran parte de la muestra analizada tenía menos gas del que debía tener”.
Osvaldo Bassano, de la asociación de consumidores ADDUC, recuerda el estudio. “Allí se constataron esas irregularidades pero nada ha cambiado. Puedo decir que el 99 por ciento de las garrafas de 10 kilos no guardan esa cantidad de fluido. Están viejos, con agua o óxido que incluso quita espacio al fluido. Pero las gasíferas los rellenan y los siguen vendiendo. En cambio los tubos de 12 y 15 kilos están en mejor estado”, sostiene el dirigente. Enfatiza que los mayores perjudicados “son los pobladores de bajos recursos que, en su mayoría, utilizan las garrafas de 10 kilos. Las pagan más y encima son estafados porque les venden menos contenido”.
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