Juicio por YPF: se decide si la Argentina debe entregar el 51% de las acciones

En principio, se abren tres escenarios posibles para la Argentina.

-Que se le conceda a la Argentina continuar la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska, encargada del caso, determinó el 30 de junio que la indemnización de U$S16.100 millones, más intereses a favor de los fondos Burford y Eton Park, se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.

-Que la Corte niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, Preska pida la ejecución de las acciones. Burford Capital ya anticipó, en ese sentido, que no liquidará ese pago, como “acto de buena fe”.

-Que la Corte conceda la medida en suspenso, pero entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.

La jueza Loretta Preska podría designar un mediador especial para ayudar a ambas partes a resolver la disputa.

La orden de la jueza Loretta Preska obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF.

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En caso de que la Corte de Apelaciones mantenga en suspenso la orden de la jueza Preska de entregar el 51% de acciones de YPF como pago del juicio, habrá otra instancia en la que se definirá sobre esa orden en sí. Y si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones, es decir, se define por cualquiera de las otras dos opciones, se abren dos caminos: llegar a un acuerdo con los acreedores o no cumplir con el fallo.

En el segundo caso, la Argentina corre riesgo de entrar en desacato, y arriesgarse a sufrir el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), intervenir para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.

El juicio es por la expropiación de la petrolera, por el cual la jueza Preska dispuso que la Argentina debe indemnizar a los demandantes en US$ 16.100 millones, a los cuales se les suman más de U$S2 millones diarios de intereses.

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En el juicio no se discute si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, ni un tema de soberanía del país. La demanda es porque el gobierno de Cristina Kirchner no realizó la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF, omisión que perjudicó derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York -donde cotiza YPF-, y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York.

Actualmente, la Argentina lleva adelante dos apelaciones en paralelo. Por un lado, la referida a la sentencia de primera instancia que obliga a pagar la indemnización a Burford Capital y Eton Park. Y por el otro, el pedido de Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de la petrolera.

"Preska está invadiendo una jurisdicción" y no puede "ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”, argumentó la defensa del país. Incluso, aclaró que toda decisión relacionada a la expropiación de la petrolera tiene que estar sujeta a la votación del Congreso y lograr una mayoría especial de dos tercios.