Atento al “mandato” que cree haber recibido de parte de la ciudadanía en la marcha del 1º de abril, el gobierno pareciera decidido a mostrar firmeza frente a situaciones ante las cuales solía mostrarse hasta ahora dubitativo. Podría ser el caso de lo sucedido en la Plaza de los Dos Congresos la lluviosa noche del domingo en la que la policía desalojó a gremialistas docentes y activistas que pretendían instalar una “escuela itinerante” frente al Congreso.
Para más de uno -incluso dentro del propio Cambiemos- fue “un grueso error” haberle dejado en bandeja a la oposición en general y el kirchnerismo en particular una situación que pondría a los docentes en situación de víctimas, justo cuando habían quedado claramente en desventaja -tanto frente a la sociedad, como en el plano interno- ante el desgaste generado por la sucesión de huelgas.
También era de manual que, dejando en un segundo plano los paros, los gremios impulsarían otras medidas para no perder visibilidad, como así también llevarían la pelea al plano nacional: se sienten más a gusto confrontando con Macri que con María Eugenia Vidal.
El jefe de Gobierno porteño asumió la responsabilidad del operativo y Diego Santilli -en un activo rol de vocero que viene encarnando por si termina encabezando la lista legislativa porteña- se cansó de explicar que la Ciudad había hecho respetar la ley y que en cuanto el gremio se aviniera a cumplir los requisitos correspondientes le habilitarían la instalación de la estructura desalojada el domingo. Pero nadie duda de que la decisión de actuar ese domingo y cómo hacerlo vino desde Nación.
El gobierno nacional habría dispuesto el desalojo ante la certeza de que los docentes pretendían recrear, con otro nombre y diseño, la Carpa Blanca docente instalada en el mismo sitio durante la gestión de Carlos Menem y que se mantuvo allí más de mil días. Estiman que la idea de los docentes era mantener de manera indefinida el enfrentamiento con el gobierno y trazar un nuevo parangón entre esta gestión y ‘el neoliberalismo de los 90’.
Era obvio que los docentes y la oposición en general definirían con la palabra “represión” los incidentes registrados durante el desalojo, cualquiera fueran sus características. Si bien no hubo heridos, se habló igual de “brutal represión” y las redes sociales ardieron condenando al gobierno, que ya había vivido algo similar el día del paro con el desalojo de la Panamericana. En esa oportunidad la “represión” tuvo un saldo de cuatro heridos, todos gendarmes.
Campo orégano para que la oposición se descargue en el Congreso y eso intentarán hacer el miércoles. Pero no es seguro: el massismo, que pidió una sesión especial para primera hora de la mañana en Diputados, no quiere volver a ser retratado junto al kirchnerismo, que pidió su propia sesión especial para una hora después. Ambos sectores buscan plantear diversas cuestiones sobre el tema docente, aunque el Frente para la Victoria además de reclamar la paritaria nacional, pretende ir sobre otros temas y rechazar tres DNU de Macri: el veto parcial al régimen previsional especial de excombatientes de Malvinas; la eliminación de los “feriados puente”; y la eliminación de reembolsos para puertos patagónicos. Si unieran fuerzas podrían propinarle un duro revés al gobierno.
Si ambas sesiones fracasan por falta de quórum -como se espera-, se hará una a pedido de Cambiemos con temas no conflictivos, pero en ese caso deberá soportar toda una primera parte de catarsis de la oposición, con énfasis en la cuestión docente. Esto será en la Cámara baja; en el Senado, la única sesión del mes será el miércoles venidero, con la presencia del jefe de Gabinete, que parece dispuesto a cumplir con el mandato constitucional que establece que una vez por mes acuda al Parlamento a brindar sus informes. Volverá a verse seguramente a un Marcos Peña aguerrido como se mostró en Diputados en el mes de marzo, dispuesto a confrontar sobre todo con los senadores kirchneristas; es el rol de la campaña que está dispuesto a asumir.
Pero mientras el gobierno pareciera obsesionado ahora por hacer eje en la política pensando en los comicios, no son pocas las voces que lo alertan con aquella consigna que supo enarbolar Bill Clinton camino a la presidencia de los Estados Unidos: “Es la economía”. Podrá lograr mantener vivo y competitivo al kirchnerismo, para polarizar y dividir de paso al peronismo, pero si la economía no da signos de mejora, es difícil que no crezca un voto castigo.
Los funcionarios vienen asegurando que los brotes verdes ya están apareciendo en diversos sectores, si bien los números son moderados. La semana que pasó había arrancado bien, con datos tales como un crecimiento del 11,2% en la venta de insumos para la construcción en el mes de marzo; la venta de sembradoras creció en la campaña agrícola 2016/2017 un 81%, en tanto que el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas anunció que las condiciones financieras mejoraron en marzo un 1,5% respecto del mes anterior, tras dos meses consecutivos de recuperación, alcanzando el mejor registro desde octubre del 2007. El consumo de carne vacuna repuntó un 3,5% durante el primer trimestre del año, al tiempo que la recaudación impositiva de la provincia de Buenos Aires registró una mejora interanual en marzo del 37,6%.
Pero el dato de la inflación del mes de marzo fue un verdadero mazazo. Si bien se esperaba que estuviera por arriba de los 2 puntos, el 2,4% refrendado por el INDEC representó una señal muy negativa. Sobre todo porque la inflación núcleo, aquella que mide la evolución de los precios sin tener en cuenta los cambios bruscos estacionales, dio una cifra elevada: 1,8%, cuando el Banco Central esperaba 1,3%.
Marzo suele ser un mes complicado en materia inflacionaria, entre otras cosas por el componente educativo (5,6%), pero en este caso alimentos y bebidas dio un inesperado 3%. Para el mes de abril se espera un nuevo aumento del gas, por lo que los analistas estiman una inflación cercana al 2%.
A comienzos de marzo, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, había advertido que se venían “‘tres meses difíciles en términos de inflación”, debido a “la corrección de precios regulados, lo que moverá al nivel general por encima de lo que venimos experimentando”. Sturzenegger quedó en el ojo de la tormenta al subir 150 puntos básicos la tasa de interés que utiliza como referencia, que pasó de 24,75% a 26,25% anual. Un amplio sector del gobierno está disgustado con esta rigurosidad del titular del BCRA, y hasta la implacable Elisa Carrió anticipó que quiere hablar con él para plantearle la necesidad de bajar las tasas por la manera como el tema afecta a las PyMEs. Ya el año pasado Lilita se había puesto del lado de Alfonso Prat-Gay en la sorda puja que el entonces ministro mantenía con el jefe del Central.
Los que no pierden el optimismo anticipan que mayo tendrá una inflación de alrededor del 1,6% y ya en junio se verá una significativa baja, ubicándose en el 1%. Estiman que será una buena señal para el tramo final de la campaña electoral. Si tanto escozor causó este 2,4, no pasaría desapercibida la progresiva regresión que esperan para las próximas mediciones.
Los rigurosos advierten que para cumplir con las metas de inflación pautadas para este año la inflación a partir de entonces no debería superar el 0,9% mensual.
Analistas como Miguel Bein sostienen en cambio que el gobierno debería darse por satisfecho con un porcentaje que no superara el 25%, teniendo en cuenta que venimos de una inflación del 40%. Agregan que debe considerarse también como rasgo positivo que esta inflación incluye el sinceramiento de las tarifas que era imprescindible efectuar
Con todo, el gasto público está lejos de bajar y esa parece ser la madre de todas las razones. Preocupadas por el tema, las autoridades bajaron a los ministerios la orden de afinar el lápiz y ‘reducir los gastos que puedan reducirse’. Fue el disparador del despido de Alejandro Cacetta del INCAA.
En el gobierno se regodean diciendo que lograron achicar los gastos en obras públicas al menos un 30% evitando los “sobreprecios”, por lo que quisieran replicar la experiencia eliminando ese tipo de gastos en cada organismo. Están convencidos de que pueden bajar gastos ministeriales “limitando el choreo que se da en todas las áreas”, y que previsiblemente atribuyen a funcionarios heredados de la gestión anterior.