Liberan a otros dos detenidos por el escrache a la casa de Espert

Ambos fueron liberados por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, aunque con restricciones y el pago de cauciones millonarias: $15 millones en el caso de Díaz Bianchi y $5 millones en el de Muzzio.

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La magistrada estableció que los excarcelados deberán presentarse semanalmente ante el juzgado, no podrán ausentarse de sus domicilios por más de 48 horas sin autorización, tienen prohibido salir del país y deberán mantener una distancia mínima de 500 metros respecto del diputado, su familia y su vivienda.

Los dos habían sido arrestados junto con Candelaria Montes y la concejala quilmeña Eva Mieri durante operativos realizados la semana pasada, tras una protesta en el domicilio de Espert. Allí, según la causa judicial, se arrojaron excrementos y se colgó un pasacalles como forma de repudio a declaraciones del diputado libertario. A los pocos días también fue detenida Alesia Abaigar, quien luego recibió el beneficio de prisión domiciliaria por razones de salud. Montes fue liberada anoche, unas horas antes que Díaz Bianchi y Muzzio.

Con estas decisiones judiciales, la única persona que permanece detenida es Eva Mieri, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante de Quilmes.

La jueza rechazó la posibilidad de medidas alternativas para su caso, pese a los reiterados pedidos de sus abogados y la presión de distintas organizaciones sociales y políticas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó la causa como “inconsistente” y cuestionó la utilización del derecho penal para criminalizar la protesta política. “La prisión preventiva de Mieri se sostiene en fundamentos legales pero equivocados”, indicaron desde el organismo, al tiempo que denunciaron que “el aparato punitivo del Estado está siendo utilizado para perseguir una acción política”.

La actuación de Arroyo Salgado también motivó una presentación en el Consejo de la Magistratura por parte de los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley, quienes denunciaron a la jueza por presunto “mal desempeño”.

Mientras tanto, el caso sigue generando tensión política y debate público. Desde el Partido Justicialista y otros sectores de la oposición al gobierno nacional advirtieron sobre los riesgos de naturalizar el uso del sistema penal contra la disidencia, en un contexto de creciente conflictividad social.