El autor advierte que "una democracia en la que los representantes diseñan el tablero de juego a su conveniencia termina erosionando el vínculo de confianza que sostiene la representación política".
La estabilidad de un sistema republicano descansa, en gran medida, sobre la previsibilidad y la transparencia de sus reglas de juego. En democracia, los procedimientos electorales no son meros trámites administrativos, sino la garantía fundamental de que la voluntad popular pueda expresarse y respetarse en igualdad de condiciones.
Por ello, todo intento de modificar el sistema electoral en la antesala de una elección despierta una legítima alarma institucional porque cuando quienes detentan el poder impulsan cambios normativos para asegurar su propia continuidad, la legitimidad del proceso queda seriamente comprometida.
El problema de fondo radica en la inversión de prioridades que este tipo de maniobras supone. La función pública, concebida originalmente como una vocación de servicio orientada hacia el bien común, se degrada cuando el objetivo principal de la dirigencia pasa a ser la supervivencia política.
Al alterarse las reglas en vísperas de un año electoral, se debilita el principio de alternancia y se transmite un mensaje peligroso ya que, de ese modo, las instituciones no son un marco neutral al servicio de la sociedad, sino herramientas maleables al servicio de los intereses coyunturales de quienes gobiernan.
Asimismo, resulta preocupante la dinámica de negociación que suele acompañar a estas reformas. Lejos de responder a un debate abierto, participativo y centrado en mejorar la calidad de la representación ciudadana, la discusión se reduce a un intercambio de favores y cuotas de poder entre distintos niveles de gobierno.
Cuando los acuerdos entre la Presidencia, las Gobernaciones y las Administraciones locales se articulan en torno a servicios económicos, a la habilitación de nuevos mandatos o la promoción de reelecciones indefinidas, el debate público se vacía de contenido programático y se transforma en un reparto de beneficios políticos y financieros.
Las consecuencias de esta práctica que pervierten la democracia recaen directamente sobre el ciudadano. A medida que la dirigencia concentra su energía en blindar sus espacios de influencia, el electorado ve reducida su capacidad real de incidencia, quedando relegado a un rol pasivo, casi como un mero espectador frente a decisiones que definen el rumbo institucional del país.
Una democracia en la que los representantes diseñan el tablero de juego a su conveniencia termina erosionando el vínculo de confianza que sostiene la representación política.
Preservar el espíritu republicano exige, precisamente, lo contrario: respetar los límites temporales de los mandatos, evitar reformas oportunistas al calor del calendario electoral y devolverle al ciudadano el protagonismo que le corresponde. Sin reglas claras, estables y orientadas al interés general, la democracia pierde su esencia y se expone a una peligrosa distorsión de sus fundamentos.
Luis Cagliari es empresario y productor agropecuario
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