La morosidad de las familias argentinas alcanzó el 15,4% en septiembre, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), y más de 6 millones de personas registran deudas impagas.
La morosidad de las familias argentinas alcanzó niveles que no se registraban desde la crisis de 2001 y ya afecta a más de seis millones de personas. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en septiembre de 2026 la irregularidad en el pago de préstamos bancarios a hogares llegó al 12,2%, mientras que en las billeteras virtuales trepó al 34,6%.
Al considerar ambos segmentos, la tasa nacional de morosidad se ubicó en el 15,4%, en un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para llegar a fin de mes.
El relevamiento revela que 6.076.257 argentinos registran deudas impagas, sobre un universo de 21,4 millones de personas endeudadas. La cifra representa un incremento de 113.365 morosos respecto de agosto y un crecimiento del 83,3% desde febrero de 2024, equivalente a 2,76 millones de nuevos deudores en situación irregular.
La magnitud del fenómeno implica que el 18,1% de la población mayor de 18 años y el equivalente al 37,9% de la población económicamente activa presenta incumplimientos financieros.
El deterioro resulta especialmente pronunciado en el sistema bancario. La morosidad de las familias pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,2% en septiembre de este año, un nivel que, según el CEPA, no se observaba desde la crisis de comienzos de siglo. En el conjunto del sector privado, incluyendo empresas, la irregularidad alcanzó el 7,5%.
Sin embargo, la situación es todavía más grave entre los proveedores de crédito no bancarios, incluidas las billeteras virtuales. Allí, la mora saltó del 7,3% en noviembre de 2024 al 34,6% en septiembre de 2026, superando incluso el máximo del 27,1% registrado durante la pandemia.
El CEPA vincula este escenario con el deterioro de los ingresos y el creciente recurso al endeudamiento para sostener los gastos cotidianos.
Según el informe, el salario real de los trabajadores registrados acumula una caída del 7% desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. La pérdida alcanza el 17,6% si se utiliza una canasta de consumo actualizada.
En este contexto, el crédito al consumo creció un 31,3% real durante 2025, impulsado por los préstamos personales, que aumentaron un 49,8%, y las tarjetas de crédito, con una expansión del 18,5%.
No obstante, el incremento del endeudamiento estuvo acompañado por un deterioro de la capacidad de pago. Como consecuencia, las entidades financieras endurecieron las condiciones crediticias y los préstamos al consumo registraron una contracción real del 9,4% durante los primeros diez meses de 2026.
Para el centro de estudios, el endeudamiento dejó de funcionar como una herramienta para ampliar el consumo y pasó a convertirse en un recurso de última instancia para afrontar necesidades básicas.
El informe también advierte sobre una precarización del financiamiento: ante las restricciones bancarias, muchas familias recurren a billeteras virtuales o prestamistas informales, donde los costos financieros pueden resultar considerablemente más elevados.
Uno de los datos más preocupantes es que el 68% de las personas con incumplimientos se encuentra en la denominada Situación 5, considerada irrecuperable.
En esa categoría aparecen 4.132.254 argentinos, entre ellos más de 2,2 millones que mantienen deudas exclusivamente con billeteras virtuales.
El saldo moroso promedio nacional alcanza los $2.561.270 por persona, aunque existen diferencias importantes según el tipo de acreedor: asciende a $3.167.193 en bancos y a $1.278.213 en billeteras virtuales.
La problemática afecta principalmente a personas en edad laboral. El 70,8% de los morosos tiene entre 25 y 54 años, lo que representa 4,29 millones de argentinos, muchos de ellos responsables del sostenimiento económico de sus hogares.
Entre los más jóvenes, el grupo de 25 a 34 años concentra 1,69 millones de personas con incumplimientos, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años, con 1,53 millones.
El mapa nacional muestra fuertes diferencias territoriales. La Rioja encabeza los niveles de morosidad con el 23,8%, seguida por Santa Cruz (21,7%), Catamarca y San Luis (21,5%) y San Juan (20,6%).
En el extremo opuesto aparecen La Pampa, con el 8,5%; la Ciudad de Buenos Aires, con el 9,6%; Córdoba, con el 12,8%; Neuquén, con el 13%; y Santa Fe, con el 13,1%.
También existen importantes diferencias en los montos adeudados. Tierra del Fuego registra el saldo moroso promedio más elevado, con $4.984.375 por persona, seguida por Santa Cruz ($4.415.855) y la Ciudad de Buenos Aires ($4.114.804).
En cuanto a las entidades, el informe identifica elevados niveles de irregularidad en algunos bancos orientados al crédito de consumo, como Banco Sáenz (51,3%) y Banco Carrefour (50,4%).
Entre los proveedores no bancarios también aparecen situaciones críticas, con tasas superiores al 70% en determinadas plataformas de financiamiento.
El CEPA sostiene que el aumento de la morosidad refleja un problema estructural asociado con la pérdida de ingresos y el debilitamiento del consumo.
La situación genera además un círculo de dificultades: mientras las familias encuentran mayores obstáculos para cancelar sus obligaciones, las entidades financieras restringen los préstamos, reduciendo las posibilidades de refinanciación.
El informe advierte que esta dinámica puede profundizar el desplazamiento hacia mecanismos de crédito más caros y menos regulados, agravando la vulnerabilidad económica de los hogares.
Con más de seis millones de personas en mora y niveles de incumplimiento que remiten a la crisis de 2001, el endeudamiento familiar se consolida como uno de los principales indicadores del deterioro de la capacidad de compra y de las dificultades que atraviesa una parte importante de la población argentina.
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