Ley de Ética Pública: polémica por la posibilidad de eliminar las declaraciones juradas de los sindicalistas

"No están resueltas algunas cosas. El proyecto está muy avanzado en cuanto a la ampliación de mejoras de la actual ley de Ética Pública, pero aún resta seguir trabajando en otras cuestiones", afirmó a Télam el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación, Fernando Sánchez.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se elimine del texto la obligación de exigir a los jefes sindicales sus declaraciones juradas, el ex diputado de la Coalición Cívica sostuvo que "cuanto más transparencia mejor".

Puso de relieve, además, que "todas las instituciones que intervienen con fondos públicos y con el interés general tienen que mejorar su forma de presentarse ante la sociedad y en la rendición de cuentas".

El texto en el que trabaja desde hace varios meses el Poder Ejecutivo, que sería enviado al Congreso antes de fin de año, fue redactado sobre la base de la experiencia recolectada por la Oficina Anticorrupción, y elaborado luego de escuchar opiniones de diversos sectores que participaron de una consulta pública.

Entre otras cuestiones, el proyecto "que incorpora una definición general de conflicto de intereses" prohíbe específicamente a los funcionarios "designar y promover, impulsar o participar en la designación o promoción de cónyuge o conviviente, o parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o segundo de afinidad, para que presten servicios en la jurisdicción donde el funcionario cumple funciones".

Prohíbe también, durante el ejercicio de una función pública, "la realización (en forma honoraria o remunerada) de actividades en el ámbito privado, y la prestación de servicios a quienes realizan esas actividades, sobre la que como funcionario tenga atribuciones, sean o no decisorias".

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En cuanto a las declaraciones juradas, el proyecto incluye como sujetos obligados al procurador y sub procurador del Tesoro de la Nación y a los asesores del presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete de Ministros y de las máximas autoridades de los entes autárquicos y/o descentralizados de la administración pública nacional, y habilita expresamente a la autoridad de aplicación a establecer criterios para determinar el alcance de las categorías de sujetos obligados.

De hecho, en el borrador del proyecto -que aún no ingresó en el Congreso-, se establece incluir la obligación de presentar declaraciones juradas "de quienes integren los cuerpos colegiados que dirijan y administren las obras sociales, y quienes integren los órganos directivos y de administración de asociaciones sindicales".