El funcionario, que se encuentra en Chaco, aseguró que se desplegó un sistema de monitoreo para evaluar la situación en cada una de las provincias, y recordó un fallo de la Corte Suprema que data del año 1869.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó que el gobierno desplegó "un sistema de monitoreo para evaluar la situación en cada una de las provincias" a raíz de las protestas policiales, pero ratificó que la seguridad pública es responsabilidad "estrictamente provincial".

"La seguridad pública es un ejercicio estrictamente provincial", insistió Capitanich en Chaco, donde ofreció una conferencia de prensa junto al vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Juan Carlos Bacileff Ivanoff.

"Hoy y ayer -por el sábado y el viernes- estuve dialogando con la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, y lo mismo hice con los gobernadores Antonio Bonfatti (Santa Fe), Daniel Scioli (Buenos Aires) y José Manuel de la Sota (Córdoba) para hacer un monitoreo adecuado de la situación", explicó el funcionario en declaraciones reproducidas por el portal de Presidencia.

Remarcó, al respecto, que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de abril 1869, el que ratifica que la seguridad pública es un poder no delegado por lo que "indudablemente la administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial".

"La seguridad pública está regulada en virtud de la Ley 24059 y sus modificatorias y eso implica que frente a causales expresamente establecidas en los artículos 23 y 24, debe haber un pedido formal para requerir apoyo por parte del Estado nacional", explicó Capitanich.

Y mencionó, además, que el Estado nacional no puede entablar ninguna negociación salarial con ningún actor gremial en el ámbito provincial, porque eso sería violatorio de las autonomías de cada jurisdicción.

"Tiene que existir una responsabilidad objetiva por parte de quien administra las cajas provinciales respecto a poder asumir los compromisos, porque si no resolvería un problema hoy para generar otro mañana", agregó.

Luego de las idas y vueltas del comienzo de la situación, el jefe de Gabinete reconoció la existencia de una llamada telefónica del gobernador cordobés, Juan Manuel de la Sota, reclamando el envío de tropas de seguridad para controlar el caos en que se habían convertido las calles, con saqueos de comercios y supermercados. Al final, la Nación se comprometió al envío de 2.000 gendarmes en tres etapas para ayudar a la policía de Córdoba a llevar tranquilidad a los habitantes de la provincia mediterránea tras los saqueos de la noche del martes.

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