Paro y movilización de los trabajadores del Garrahan y Universidades

Si bien el Gobierno promulgó en las últimas horas las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, decidió no aplicarlas (al igual que con la ley de discapacidad) hasta que no se defina el Presupuesto 2026.

A través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796.

Sin embargo, la aplicación de las leyes quedó en suspenso hasta que no se defina de dónde saldrá el dinero para financiar dichos gastos.

Es por eso que hoy a las 16, además, trabajadores del Garrahan, universitarios y trabajadores y familiares del área de discapacidad marcharán hacia la Plaza de Mayo para exigir la aplicación inmediata de las tres leyes mencionadas.

Además, la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) se encuentra realizando un paro de 24 horas, con adhesión de los sindicatos de base.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) dispuso una jornada nacional de protesta el martes y miércoles, con paro docente de 24 horas este martes y acciones de visibilización en todo el país. Por su parte, la Conadu Histórica resolvió un paro de 48 horas para hoy martes y miércoles.

Las columnas ya se encuentran en Plaza de Mayo. Allí hay un escenario, donde un dirigente de cada uno de los distintos sindicatos y agrupaciones que acudieron a la marcha se suben para hablar.

ADEMÁS: El Gobierno no aplicará las leyes de financiamiento universitario y pediátrico

Distintas agrupaciones de izquierda acompañaron a los manifestantes. Por momentos se cantó: “este gobierno ya no va más, necesitamos una huelga nacional”.

Durante la movilización, el operativo policial fue leve. Agentes de la Policía de la Ciudad los siguieron, sin enfrentamientos ni momentos de tensión.

El escenario actual se desarrolla tras el extenso debate que culminó con la sanción de la ley en ambas cámaras del Congreso Nacional durante el primer semestre de 2025. El texto estableció un régimen especial de financiamiento, previendo recursos para el funcionamiento de las universidades, fondos para becas y, de manera destacada, la actualización salarial docente a través de paritarias o, ante la falta de acuerdo, mediante incrementos nunca inferiores a la inflación oficial del período.

Tras la sanción, el presidente vetó la iniciativa argumentando dificultades presupuestarias, pero posteriormente la oposición logró reunir la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para rechazar ese veto.

Este lunes vencían los plazos legales para la promulgación de la norma y en el sector docente crecía la preocupación ante la posibilidad de que se repita una situación de no aplicación, como ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad que, pese a ser promulgada, quedó sin reglamentar por “falta de recursos”, según argumentó el Gobierno.

Los temores eran ciertos y, finalmente, el Ejecutivo postergó la aplicación de las leyes tanto del nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, como la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en el país, mediante la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025.

Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados

La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:

• Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
• Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
• Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
• Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.

Emergencia pediátrica: atención garantizada, pero sin ejecución inmediata

La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:

• Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad.
• Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud, con recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023.
• Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.