El Gobierno no aplicará las leyes de financiamiento universitario y pediátrico

A través de dos disposiciones 759/2025 y 760/2025, publicadas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pospuso la aplicación de ambas legislaciones, que fueron ratificadas por la Cámara de Diputados y la de Senadores pese al veto del presidente Javier Milei, al argumentar el impacto fiscal que generarían.

En este contexto, el Ejecutivo mantiene la misma postura en relación con las normas que autorizan recursos para las universidades y el hospital Garrahan, y sostiene que debería ser el propio Congreso, a través del Presupuesto 2026, quien defina cómo aumentar los recursos.

Ley de financiamiento universitario

Concretamente, mediante el Decreto 759 se aplicó la Ley 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial del personal docente, que busca garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y actualizar los salarios del personal docente y no docente, así como los programas de becas estudiantiles.

La normativa establece que el Poder Ejecutivo debe definir las partidas presupuestarias del programa “Desarrollo de la Educación Superior” para asegurar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología, investigación, extensión universitaria y formación del personal docente. También contempla la actualización de los salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos.

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Según los cálculos oficiales, la ejecución total de la ley tendría un costo de aproximadamente $1,07 billones en 2025, considerando la recomposición de salarios y becas. Para 2026, se estima que la ley demandará más de $2 billones. Sin embargo, la aplicación de la ley quedará suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.

Ley de emergencia pediátrica

Por otro lado, mediante el Decreto 760/2025, el Gobierno promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año.

La norma busca garantizar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud infantil, asegurar el funcionamiento de los hospitales pediátricos, reforzar los sistemas de residencias médicas y recomponer los salarios del personal sanitario, incluyendo incentivos y exenciones fiscales para quienes trabajen en actividades críticas. Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional en atención de alta complejidad.

La ley contempla un costo fiscal estimado de $196.270 millones, y establece que los recursos provendrán de la reasignación de partidas dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y de reservas destinadas a contingencias sanitarias. Sin embargo, el decreto advierte que esta asignación no constituye una fuente de financiamiento concreta ni suficiente, y que actualmente el Ministerio presenta un déficit de $102.400 millones. Por ello, el Ejecutivo aclara que la ley queda suspendida hasta que el Congreso determine fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto nacional.