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La solicitud la realizó el fiscal federal de juicio, Abel Córdoba, en relación al empresario, que mañana cumplirá dos años preso. Consideró “imprescindible” la prórroga de la prisión preventiva.
El fiscal federal de juicio Abel Córdoba pidió este martes rechazar el pedido de libertad del empresario Lázaro Báez en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, al cumplirse mañana dos años de prisión preventiva. Mediante un dictamen que acompañó ante el Tribunal Oral Federal 4, la Fiscalía solicitó que se rechace el planteo de cese de la prisión preventiva formulado por el empresario, detenido desde el 5 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello. Fuentes judiciales informaron que la Fiscalía también negó el pedido de Báez para que se le otorgue la prisión domiciliaria, monitoreado con pulsera electrónica, o bien que la prórroga de la prisión preventiva se acote a seis meses.
El fiscal Córdoba consideró “imprescindible” la prórroga de la prisión preventiva, la cual podría ser por un año más tal cual dicta la ley y de manera justificada.
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Además, advirtió que existe “riesgo procesal y concreto, y peligro de fuga”, y en ese sentido recordó la magnitud de la causa, los millones de dólares aún no recuperados y la disponibilidad de recursos en cabeza del empresario patagónico. También sostuvo que existe peligro de intimidación pública y que hay personas que están bajo el régimen de protección de testigos e imputados, entre ellos el arrepentido Leonardo Fariña.
Señaló que Báez tiene vínculos e influencias a nivel local y en el extranjero y que los hechos por los cuales se lo investiga también están vinculados con la “corrupción estatal”. Recordó además que poco antes de su detención el empresario abordó un avión de Río Gallegos sin haber presentado el plan de vuelo en cuestión: ese hecho concreto fue tomado por Casanello como un posible peligro de fuga.
Ahora, la decisión ante el planteo de Báez está en manos del Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel.
Mientras tanto, el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, también pidió el cese de la prisión preventiva.
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El empresario está en etapa de juicio en el Tribunal 4 junto con sus cuatro hijos, el financista Federico Elaskar, el mediático Leonardo Fariña, Fabián Rossi y otros imputados que suman más de veinte.
En la causa conocida como “La ruta del dinero K”, la querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Fiscalía de Guillermo Marijuan, solicitaron la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, al considerar que el delito precedente del lavado de dinero surge de la gran cantidad de obra pública que su Gobierno le otorgó a Báez en Santa Cruz.
Asimismo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4 de la Capital rechazó un planteo del empresario detenido Lázaro Báez para apartar al fiscal Abel Córdoba del juicio que estudia las maniobras de supuesto lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. Los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez decidieron rechazar “in limine” el planteo de recusación presentado por la defensa de Báez.
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