Presidencia denunció una operación de inteligencia para grabar conversaciones de Karina Milei

La presentación judicial fue acompañada por un comunicado oficial de la Casa Rosada, en el que se calificó el hecho como “un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina”.

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"Intereses rusos y chavistas"

“No se trata de una filtración casual”, se remarcó, sino de una maniobra “clandestina” que habría incluido la grabación de conversaciones en la sede de Balcarce 50, lo cual el Ejecutivo consideró una “amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.

Desde el entorno presidencial advirtieron además que detrás de la maniobra existiría “influencia extranjera”, con patrones de acción “similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.

“La campaña de desinformación busca generar caos y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”, se señaló en el comunicado, en el que también se pidió a la Justicia que adopte “medidas cautelares urgentes” para frenar nuevas filtraciones y “preservar la transparencia del proceso electoral”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó la acusación en sus redes sociales. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, publicó en su cuenta de X.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido. Fin”, escribió el portavoz de Javier Milei.

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Acusan a periodistas

Entre los supuestos responsables identificados por el Gobierno figuran el periodista Mauro Federico, el conductor Jorge Rial —quien “hace pocas semanas declaró que había que espiar al Presidente”—, el empresario Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi, señalado como un “operador judicial vinculado a Fernando Pocino”, exjefe de inteligencia.

“La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas”, recordó el Ejecutivo en su denuncia. “Los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia”, concluyó el Gobierno en su mensaje.